La filtración de datos personales de Gandia acaba en la comisaría

Nuevo capítulo de la polémica por la filtración de datos personales de más de 10.000 gandienses, denunciada por el PP hace una semana. El pasado 8 de enero, como ya informó este periódico, el portavoz popular, Víctor Soler, salió a la palestra acompañado por un ingeniero informático, Fernando Pascual, para informar que en la web de la campaña de los cheques al consumo, promovida por el ayuntamiento, se produjo una «brecha de seguridad» que dejó al descubierto datos de todos los solicitantes de este bono-descuento, en concreto nombre y apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono.

Soler compareció ayer nuevamente ante la prensa para animar a los afectados a denunciar los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ya que en caso de una eventual suplantación de la identidad, esta denuncia podría servirles de salvaguarda.

Al mismo tiempo, anunció que el PP pone un marcha un servicio de asesoría gratuita para ayudar a formular las denuncias, en el grupo municipal, de 9 h a 15 h, de lunes a viernes.

Y de paso aprovechó para criticar a los gestores municipales, porque «como responsables del tratamiento de los datos estaban obligados a alertar a los ciudadanos afectados y no lo hicieron».

La reacción del Gobierno de Gandia será poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, incluidas las declaraciones públicas de Soler y de Pascual.

Por primera vez en persona, en rueda de prensa, ayer salieron a dar explicaciones los concejales Adrià Vila y Miguel Ángel Picornell. A falta de una investigación más detallada, el Gobierno local se mantiene en la versión de que la filtración podría deberse a un posible «hackeo». Los responsables municipales señalaron que en ningún caso la web dejaba al descubierto los datos a terceros, es decir, que para acceder a ellos se debía tener un cierto conocimiento informático, como lo hizo el ingeniero denunciante.

Adrià Vila lamenta que Soler, Pascual o incluso el PP hayan tenido este archivo en su poder durante más de dos meses, ocultándolo hasta que dieron la rueda de prensa. Fuentes del PP aseguran que esos datos no han salido del ordenador de Pascual y que el ingeniero se puso en contacto con la empresa para alertar de la situación, pero no obtuvo respuesta.

En resumen, la filtración se debe, según el PP, a una brecha de seguridad que duró más de un mes en la web de los cheques al consumo, mientras que el Gobierno local no descarta que sea un caso de pirateo informático. Los responsables municipales aseguraron que agotarán «todas las vías legales, administrativas y penales» para aclararlo.

Picornell apuntó que, desde el primer momento «el ayuntamiento ha actuado de manera rigurosa, recopilando informes de la empresa proveedora y de la Agencia de Protección de Datos, que ya ha recibido documentación sobre el caso y ha dado un plazo de 72 horas para completar información adicional».

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