Paralizan un desahucio en la Font d'en Carròs mientras Sareb y ayuntamiento gestionan un alquiler social

Nuevo desahucio paralizado en la Safor, esta vez en la Font d'en Carròs, este lunes. Rosa, de 55 años, podrá seguir un tiempo más en la vivienda en la que reside desde hace varios años, en un edificio situado en el número 35 de la calle Santa Isabel. Este caso tiene una particularidad, y es que se trata de un bloque de viviendas que pasó a manos de la Sareb, después de que los promotores quebraran, pero mientras tanto seguían viviendo de alquiler varias familias.

Muchas se fueron marchando, pero las personas que aún residen en este bloque siguen en un limbo jurídico. Sareb les ofreció un alquiler social pero Rosa todavía no se había acogido a esta fórmula, motivo por el que la entidad siguió adelante con el desalojo por vía judicial. Rosa asegura que lo desconocía y que todo esto le ha pillado por sorpresa.

Activistas de la PAH de la Safor-Valldigna se acercaron esta mañana hasta la finca para apoyarla. Esta vez no fue necesario que pasara la comitiva judicial, puesto que el procurador de la Sareb informó al Juzgado que estaban dispuestos a darle a Rosa más tiempo. La Sareb, por tanto, le pide a Rosa que entre en el programa de alquiler social del que ya se han beneficiado tres inquilinos más de este edificio.

Rosa pagaba puntualmente un alquiler de 285 euros por un pequeño piso de dos habitaciones, pero, como el resto de inquilinos, dejó de hacerlo hace unos cuatro años, ya que, según afirma, nadie se lo demandó. Sin embargo ha seguido viviendo en la casa, pagando luz y agua. Rosa trabajaba en la limpieza pero está pendiente de la resolución de un despido improcedente.

El Gobierno local es consciente de la situación desde hace años, porque el problema, como publicó este periódico, viene de lejos, y también está colaborando con el caso de Rosa. El alcalde, Pablo Puig, explica que hace unos días el ayuntamiento envío al Juzgado los informes de vulnerabilidad de Rosa.

Pablo Puig recuerda que durante el anterior Consell del Botànic se hicieron gestiones para que la Generalitat comprara el inmueble con una partida de 1 millón de euros del plan Adha, pero esta operación no prosperó.

Ahora confía en que, tal y como anunció el Gobierno de Pedro Sánchez, este activo de la Sareb pase a la nueva empresa pública Casa 47, para gestionar los alquileres de los inquilinos que quedan en el inmueble. Puig aclara que el edificio, inmerso en este lío jurídico, no está a la venta. "De hecho, nos han solicitado algunas licencias de obra para hacer reformas", apunta.

Este desahucio paralizado se suma al que se produjo en Gandia hace justo una semana, el 12 de enero.

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