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El pleno de Oliva pedirá la dimisión de Bertomeu por el «caso de los caballos»

El dictamen de la comisión de investigación, que se somete hoy a votación, también insta al Gobierno local a presentar una denuncia por malversación de fondos públicos

La concejala Maria Bertomeu junto a un caballo, hace unos meses.

La concejala Maria Bertomeu junto a un caballo, hace unos meses. / Levante-EMV

Josep Camacho

Gandia

El pleno municipal de Oliva correspondiente al mes de enero, convocado para esta tarde, pedirá, si se cumple el guión previsto, la renuncia de Maria Bertomeu como concejala por el conocido como «caso de los caballos», así como instar al Gobierno local a que el ayuntamiento presente una denuncia ante el juzgado por malversación de fondos públicos.

El pleno someterá a votación las conclusiones de la comisión de investigación que se creó hace unos meses para determinar la implicación de la concejala, y de forma paralela una moción reclamándole el acta y exigiendo al ayuntamiento formalizar la citada denuncia, personándose además la institución como acusación particular.

Está previsto que esa moción sea aprobada por todos los grupos municipales, a excepción de Projecte Oliva, el partido de la alcaldesa, Yolanda Pastor, pero sí votará a favor su socio de gobierno, UCIN, por lo que saldrá adelante por una amplia mayoría.

Sin embargo, en cuanto a las conclusiones de la comisión hay divergencias, puesto que cada uno de los grupos municipales, PRO, UCIN, PP, PSPV-PSOE y Compromís, han redactado las suyas. Es decir, no hay un único dictamen.

Los grupos de la oposición y UCIN también pedirán a Maria Bertomeu y a su pareja David Díaz «la devolución de la maquinaria cedida por José Pous para el mantenimiento y limpieza de la parcela (donde estaban los caballos) y, en caso de no producirse, que el ayuntamiento asuma la responsabilidad subsidiariamente».

Este caso se remonta a junio del año pasado, cuando la Guardia Civil detuvo en Oliva al propietario de siete caballos por tenerlos desnutridos, en un presunto caso de maltrato animal. El juez encargó al ayuntamiento la custodia y mantenimiento de los equinos.

La comida de los caballos (alfalfa, pienso, paja...) la sufragó el consistorio pero, al parecer, el encargado de cuidar los animales y del recinto municipal donde se recibía este alimento, por una parte la repartía para otros equinos que no formaban parte de este grupo, y por otra revendía ciertas cantidades.

Esa persona era David Díaz, pareja de Maria Bertomeu, mientras que la concejala tenía las competencias en la materia. Es más, ambos se encargaron personalmente del cuidado de los caballos, como voluntarios, algo que conocía la propia alcaldesa.

A principios de agosto, cuando todo salió a la luz, la alcaldesa decidió retirarle a la concejala la delegación de gobierno y el sueldo. El 13 de agosto se creó una comisión de investigación que presidió la concejala de UCIN Rosa Pous. Celebró varias sesiones, llamando a declarar a diversas personas relacionadas, y recabando pruebas, siendo la última el 1 de diciembre.

En septiembre los caballos, que siguen bajo custodia municipal, fueron trasladados a un centro especializado de Bétera, y uno de ellos fue atendido en el Hospital Clínico Veterinario del CEU.

Entre las conclusiones de la comisión se argumenta que los caballos, a pesar de estar a cargo del ayuntamiento, «no ganaron peso al ritmo esperado», y «no estaban en las mejores condiciones higiénicas ni sanitarias». También se determina que «la responsable directa de la compra, control y custodia del material era la concejala Bertomeu», y que «hay indicios» de la reventa por parte de Díaz y Bertomeu del pienso y la alfalfa propiedad del ayuntamiento. Además, se acredita que Díaz «ofreció la venta de maquinaria», que no ha sido devuelta.

Los gastos de cuidado y manutención asumidos por el consistorio serán reclamados al propietario en el procedimiento judicial correspondiente, ya que cabe recordar que, al margen de este caso, por ahora más político, de Maria Bertomeu, sigue abierta la instrucción judicial contra el propietario de los animales por un presunto delito de maltrato animal.

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