Gandia desokupa y tapia tres viviendas en un edificio municipal del Grau
El PP denuncia la tardanza del Gobierno local en tomar medidas en el bloque de la calle Ciscar

Vista del edificio. / Levante-EMV
Josep Camacho
El Gobierno de Gandia ha tapiado una vivienda en un edificio municipal de la calle Ciscar, en el Grau, y ha iniciado el proceso judicial para hacerlo en otras dos, para evitar que se repitan problemas de "okupación" en este inmueble, destinado a alquiler social. Así lo apuntó el concejal de Vivienda, Salvador Gregori, quien respondió al PP tras haber sacado a la luz este asunto en rueda de prensa.
"Este gobierno está actuando, la administración responde y prueba de esto son los informes del departamento y las actuaciones que ha llevado a cabo la Policía Local”, aseguró Gregori. El edificio, con 15 viviendas, fue comprado en 2021 con ayuda de la Generalitat.
El portavoz popular Víctor Soler y la concejala Aina Borredà denunciaron "la grave situación de desamparo institucional que sufren los vecinos afectados por la okupación y las conductas incívicas en este edificio". Según los populares el Gobierno local les contestó que era un edificio "en el que apenas existían problemas de pago y en el que por tanto no había indicio alguno de okupación".
Según Borredà “el gobierno socialista normalizaba a una situación que no lo era, por eso desde el Grupo Popular hemos seguido insistiendo para demostrar que sí existe un problema de okupación que hay que abordar".
Los populares aseguran que este fenómeno "quita recursos a la gente que lo necesita" y causa graves problemas de convivencia a los vecinos”. "De las 15 viviendas, constan 3 viviendas okupadas. Además, una de ellas se encuentra tapiada desde el pasado 31 de octubre, con el riesgo de que vuelva a ser ocupada", apuntaron, y piden refuerzo policial en la zona afectada para proteger a los vecinos.
Soler considera que “en un momento en el que la ciudad tiene una gran falta de vivienda, permitir que haya pisos municipales okupados es una irresponsabilidad. Cada vivienda cuenta y el ayuntamiento debe actuar dentro de sus competencias para recuperarlas”.
Los populares señalan que "hemos tenido que insistir, y mucho, para que nos pasen la información que efectivamente justifica lo que llevan los vecinos padeciendo durante mucho tiempo, y después de tres peticiones, hechas en 2025, hemos conseguido saberlo de forma rigurosa".
El concejal de Vivienda, Salvador Gregori, negó que exista desamparo por parte del ayuntamiento. "El Gobierno municipal está actuando ante esta situación y el PP lo sabe, porque se le ha facilitado la información y la documentación que han solicitado”, apuntó, y añadió que "el gobierno actuará conforme a la legalidad, lo que no haremos será ponernos a tapiar puertas de manera irregular como hacía el PP”.
Precisamente para evitar la ocupación ilegal se tapió y se cercó el edificio de la calle Perú, mientras se resuelve el litigio judicial que pesa sobre este inmueble.
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