Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia

El CDR La Safor, con sede en Beniarjó, aplaude el proceso de regularización extraordinaria de migrantes del Gobierno central «como un paso necesario para el reconocimiento de derechos y la regularización administrativa de miles de personas que ya forman parte activa de la sociedad». Sin embargo, alerta que «la carencia de comunicación clara y de instrucciones oficiales está generando inseguridad jurídica, desinformación, fraudes y prácticas abusivas".

La entidad asegura haber recogido testimonios según los cuales en Gandia propietarios de inmuebles y supuestos gestores están pidiendo entre 700 y 1.000 euros para empadronarse, «convirtiendo un trámite que tendría que ser gratuito en un negocio».

Desde la entidad reconocen la tarea sostenida del movimiento Regularización Ya, que durante años "ha trabajado para situar la regularización en la agenda política y defender cambios estructurales en la política migratoria desde una perspectiva de derechos humanos".

Pero el anuncio del decreto se ha producido antes de la publicación del texto oficial y sin criterios ni instrucciones definidas. Esta situación, añaden fuentes del CDR La Safor, "ha provocado informaciones contradictorias y sucesivos matices que han generado un clima de incertidumbre, tanto entre las personas migradas como entre las entidades sociales que las acompañan".

La carencia de planificación comunicativa ha abierto la puerta a prácticas fraudulentas. En un contexto de desinformación han proliferado personas que se hacen pasar por profesionales y ofrecen supuestas regularizaciones inmediatas, exigiendo pagos elevados a pesar de que, a estas alturas, todavía no es posible iniciar ninguna solicitud.

Además, uno de los requisitos previstos —la acreditación de la residencia mediante el empadronamiento— está acentuando dinámicas especulativas vinculadas a la vivienda.

La entidad constata que estas prácticas abusivas, que no son nuevas, se ha intensificado a raíz del anuncio del decreto. Por ello, el CDR La Safor "ha reforzado su tarea de información y acompañamiento" y hace un llamamiento "a la responsabilidad de las administraciones públicas para que garanticen información clara, canales oficiales accesibles y una derivación responsable que evito el abuso y el aprovechamiento de la vulnerabilidad".

Así mismo, advierte a la ciudadanía que "busque siempre información a través de canales oficiales y entidades sociales de confianza, y contraste cualquier dato antes de efectuar ningún pago". Ante la duda se recomienda dirigirse a entidades especializadas como Pangea o CEAR, y evitar gestiones con personas que ofrecen servicios a través de redes sociales.

En resumen, la entidad reitera su apoyo al decreto como una oportunidad para avanzar en derechos y justicia social, pero insiste que su implementación tiene que hacerse "con responsabilidad, transparencia y una comunicación rigurosa", ya que "la regularización tiene que ser una herramienta de derechos, no una fuente de miedo, especulación o negocio a expensas de la vulnerabilidad de las personas migradas".

Por otra parte, desde el Col·lectiu Cívic Massa Crítica apuntan, en un artículo para Levante-EMV, que la regularización de migrantes "aborda una cuestión humana". En el caso de Gandia, con un censo que se acerca al 25% de población de origen extranjero "la ciudad ya no es una comunidad homogénea, sino un ecosistema multicultural que sostiene, literalmente, la arquitectura económica de la Safor", pero lamentan que "esta realidad demográfica convive con una invisibilidad mediática y política que resulta sorprendente".

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