La administración de las cosas

«¿En qué momento se jodió el Perú?» reflexionaba Zavalita en la célebre novela de Vargas Llosa, Conversación en La Catedral. Esa pregunta lo perseguía mientras conversaba en la legendaria cantina limeña de La Catedral, sin que pudiera fijar el instante exacto en el que el país se torció. No hubo un punto de inflexión nítido, sino un desgaste lento, acumulativo, casi invisible. Una erosión que solo se percibe cuando ya es demasiado tarde.

Algo parecido ocurre hoy en España con el ferrocarril. Muchos recuerdan –no hace tanto– cuando los trenes funcionaban razonablemente bien. Era la época en que los gobernantes proclamaban orgullosos que teníamos el mejor sistema ferroviario de nuestra historia. Pero los autoelogios continuaron incluso cuando las señales de deterioro eran ya imposibles de ignorar.

Las líneas de cercanías se convirtieron en una azarosa lotería: incidencias, trayectos cada vez más largos y retrasos que ya formaban parte del paisaje. Y la alta velocidad tampoco es lo que era: traqueteos, bandazos, averías y demoras, que antes eran excepciones, se convirtieron en rutina. El sistema ferroviario empezaba a desmoronarse.

No fue por un error puntual ni por un accidente aislado. Fue un proceso continuo, año tras año, en el que la vida útil de vías, traviesas y maquinarias se fue agotando. Un desgaste silencioso que puso de manifiesto una gestión poco rigurosa. El mantenimiento había cedido terreno al descuido y al abandono, y demasiados puestos técnicos dejaron de ser ocupados por los más preparados para ceder el paso a los amigos del partido...

El pasado 17 de noviembre, el ministro Óscar Puente anunció un ambicioso plan para que la alta velocidad alcanzase los 350 kilómetros por hora. Dos meses después, el 18 de enero, se produjeron los trágicos accidentes de Adamuz y Gelida. No hace falta forzar interpretaciones: la coincidencia mostró la tensión entre la ambición política y la realidad material.

El ministro se dio de bruces con la ley de Murphy –«si algo puede salir mal, saldrá mal»–, una máxima que describe crudamente lo que ocurre cuando un sistema complejo, como el ferroviario, se degrada por falta de mantenimiento y gestión. En este tipo de sistemas, no prepararse para lo imprevisto es una forma de irresponsabilidad.

Friedrich Engels imaginó que en una sociedad socialista madura «el gobierno de las personas sería sustituido por la administración de las cosas». Aquella frase condensaba una utopía: una política que se mide por la capacidad de gestionar bien lo común. Hoy vivimos lo contrario: el abandono de «la administración de las cosas» reduce a la política su forma más primaria y primitiva: conquistar, conservar y exhibir el poder. ¿En qué momento la gestión dejó de ser una prioridad y fue sustituida por la escenificación, por la ocupación del espacio mediático y por el enfrentamiento entre identidades?

Para que la política recupere su legitimidad ante la ciudadanía sería esencial que se centrara en la «administración de las cosas». Que apostara por la gestión rigurosa y el mantenimiento de los recursos y servicios públicos. Porque un país empieza a funcionar –o a desmoronarse– mucho antes que sus relatos. El buen funcionamiento de un país no depende de los discursos políticos ni de las estrategias mediáticas. Comienza mucho antes, en la solidez de lo material.

La verdadera confianza de la ciudadanía se forja en la calidad de la administración y en la fortaleza de las infraestructuras, que garantizan lo más importante: la seguridad y la vida de las personas. Un país no se sostiene por el brillo del poder, ni por los mensajes grandilocuentes. La verdadera política, la que perdura, protege y construye, no se escribe en las peroratas, sino en la profesionalidad anónima de la administración de las cosas. Eso es lo que nos mantiene en pie.