Un año del asesinato de Torró: Gandia seguirá reclamando la deuda por el 'caso Tele 7'

La muerte del político y empresario gandiense Arturo Torró, mañana hace un año, tras el impacto de las primeras horas y el funeral multitudinario, dejó otra derivada: al margen de sus negocios privados, Torró tenía causas pendientes con la Justicia por su gestión en la época en la que fue alcalde de Gandia, entre los años 2011 y 2015.

Su cadáver fue hallado en la noche del 19 de febrero tras recibir la Policía Local el aviso de que había un vehículo averiado en el kilómetro 38 de la autovía A-38 a la altura de Xeresa en sentido Gandia.

Un año después la Guardia Civil todavía no ha resuelto el crimen pero continúa con las pesquisas. El domingo Levante-EMV publicó la principal hipótesis que manejan los investigadores; la de que el autor fuera un ladrón oportunista que le abordara en plena carretera con el engaño del pinchazo de la rueda.

Aunque la polémica siempre rodeó la figura del exalcalde, y fueron varias las denuncias y las querellas cruzadas -sobre todo por motivos políticos- contra sus adversarios, el principal asunto que sí prosperó en los tribunales fue el llamado "caso Tele 7". La justicia pudo probar un delito de malversación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual entre los años 2012 a 2015 pagados por el consistorio a la empresa Comarques Centrals Televisió, poco después de ordenar el cierre de la televisión pública, Gandia Televisió.

Por este asunto, Torró había recibido dos condenas. Una, que había recurrido pero acabó siendo firme por el Supremo, le instaba a devolver 350.000 euros a las arcas municipales. Ante la posibilidad de que esta resolución llegara y el proceso de embargo que el Tribunal de Cuentas había iniciado, Torró, que hábilmente ya había dejado de figurar como titular de numerosas propiedades, cuentas bancarias y negocios a nombre, se presentó ante la Justicia prácticamente como un insolvente.

Embargados 10.312 euros

Ahora bien, tuvo un pequeño desliz. En 2024, presentó una querella como acusación particular contra la exalcaldesa socialista y hoy ministra de Ciencia, Diana Morant. Esto requería presentar un aval de 10.000 euros. El Tribunal de Cuentas lo detectó y ordenó al Juzgado de Gandia bloquear esa cantidad. Esto se suma a los 312 euros de una cuenta a su nombre que pudo encontrar el mismo tribunal.

El Gobierno de Gandia seguirá reclamando esos 350.000 euros, ya que la deuda pasa a sus herederos. Además, es algo a lo que está obligado como administración si no quiere incurrir en prevaricación. Otra cosa es la velocidad que se imprima a este recurso desde los servicios jurídicos municipales, es decir, si se opta por la celeridad o por dilatarlo en el tiempo.

La otra condena por el mismo caso es la pena a tres años y medio de prisión por malversación de fondos públicos, que le impuso en abril de 2024 la Audiencia Provincial y que él había recurrido al Tribunal Supremo.

Es precisamente mientras deliberaba el Alto Tribunal, antes de que se evacuara esa sentencia, cuando fue asesinado. Ahora bien, esta responsabilidad penal se extingue con su fallecimiento, por lo que el Supremo debe archivar la causa.

Se da la circunstancia de que los dos condenados por el "caso Tele 7", Arturo Torró y el empresario Ricardo Faura, ya han fallecido. Faura, natural de Canals, fue condenado a un año y nueve meses de prisión y no tenía antecedentes penales, por lo que difícilmente hubiera ingresado en la cárcel, pero murió en mayo de 2024 a los 75 años.

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