Cerca de 300 vecinos de Gandia siguen a la espera de una resolución de dependencia
El gobierno local lamenta que el sistema "está colapsado" por la "mala gestión del PP" y a pesar de que los técnicos municipales evalúan al ritmo previsto
Algunos afectados esperan hasta tres años

Las concejalas Inma Rodríguez y Ester Sapena, durante la rueda de prensa. / Natxo Francés

Un total de 296 personas en la ciudad de Gandia están esperando actualmente a que la Generalitat resuelva su entrada en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, después de que los técnicos municipales hayan cumplido con su trabajo previo de evaluación. En algunos casos, la lista de espera se alarga hasta dos y tres años.
Así lo denunciaron el jueves en rueda de prensa las concejalas del gobierno Inma Rodríguez, por parte del PSPV-PSOE, y la delegada de Educación y Servicios Sociales, Esther Sapena, de Compromís. Ambos grupos han presentado una moción conjunta que saldrá a favor en el pleno municipal convocado para este viernes, en la que se expone la situación y se insta al Consell a agilizar los trámites.
En concreto, a fecha 7 de enero, hay acumulados 296 expedientes de dependencia pendientes de autorización por parte de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia. En 2025, se registraron en el ayuntamiento 857 solicitudes y, de forma paralela, se redactaron 976 informes técnicos y sociales.
Donde más solicitudes se presentaron el año pasado, según el distrito, fue en el de El·líptica-Marxquera, con 197; seguido de Beniopa–Roís de Corella, con 182; Grau de Gandia, con 176; Raval–Benipeixcar–Centre Històric, con 160, y Corea, con 142.
"Sin embargo, estos expedientes se quedan atrapados en la Conselleria, en un laberinto administrativo, e incluso algunas de estas personas solicitantes han fallecido mientras esperaban la ayuda", critican las concejalas.
Sapena considera que durante el Consell del Botànic pudo reducirse la lista de espera y "revertir la situación", pero actualmente, con el PP, "el sistema ha colapsado y se ha quedado en papel mojado". "Levantaremos la voz tantas veces como haga falta, porque la dependencia no es una partida presupuestaria sino una cuestión de dignidad y de justicia social", apuntó Sapena, y añadió que "no es un problema técnico sino de prioridades políticas".
Por otra parte, desde el Gobierno de Gandia destacan el esfuerzo presupuestario que está haciendo la ciudad con el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) municipal, gestionado mediante una contrata externalizada. Este servicio atiende a los usuarios en cuestiones como la higiene personal o la limpieza del hogar.
La tardanza en la resolución por parte de la Conselleria también afecta a las arcas municipales al tener que destinar más presupuesto al SAD mientras la persona espera que la Generalitat apruebe su Programa Individual de Atención (PIA). "El dinero que podría pagar el usuario con su ayuda lo estamos cubriendo desde el ayuntamiento, cuando podría destinarse a otras personas también necesitadas", señaló Inma Rodríguez.
La concejala expresó la "impotencia" de no poder dar una respuesta a los demandantes ante este embudo administrativo para entrar en el que debería ser el "cuarto pilar" del estado del bienestar. "Y hay que tener en cuenta que también hay personas que viven solas", precisó.
Por otra parte, criticó que la Conselleria pida tanto a los solicitantes como a los técnicos municipales que evalúan volver a la casilla de salida cuando una persona quiere cambiar su valoración porque ha empeorado su estado, por ejemplo pedir una residencia en vez de un centro de día, o un aumento de cuidados al pasar su patología de un grado 1 a un grado 3.
Refuerzo de personal
La moción consta de cuatro puntos. En primer lugar, insta al "aumento inmediato de la plantilla de personal administrativo y técnico en las Direcciones Territoriales para resolver el colapso de expedientes de dependencia pendientes".
En segundo lugar, piden crear un "canal de urgencia real" para aquellas personas con diagnósticos de enfermedades degenerativas rápidas (como la ELA) o en situaciones de cuidados paliativos, garantizando la resolución del expediente en un plazo máximo de 30 días.
El tercer punto reclama la simplificación administrativa de los trámites de revisión de grado y cambios de recurso, evitando que las personas dependientes tengan que presentar documentación que ya está en poder de la Administración.
Por último, solicitan la financiación íntegra por parte de la Generalitat del Servicio de Ayuda a Domicilio, que los ayuntamientos ofrecen de forma subsidiaria mientras las personas esperan la resolución de su ayuda.
Según un reciente estudio de la Càtedra de Pensament Territorial Joan Noguera, impulsada por la Universitat de València y el Ayuntamiento de Gandia, el 80% de las peticiones de dependencia en Gandia corresponden a mayores de 65 años.
Las concejalas de Gandia criticaron además la falta de infraestructuras. Como publicó Levante-EMV, se habrá cumplido una legislatura en la Safor sin nuevas residencias públicas para mayores, como la de Potries, que desapareció finalmente del plan Convivint.
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