El Arzobispado de València tendrá que pagar 1,4 millones a Oliva por el fallido Centro Ecuménico: Una sentencia del TSJCV así lo ordena

El Arzobispado de València deberá abonar 1,44 millones de euros al Ayuntamiento de Oliva por las obras inacabadas del Centro Ecuménico el Salvador, un ambicioso proyecto de templo diseñado para unir a distintas ramas del cristianismo en un mismo lugar, que, sin embargo, ha acabado reducido a una estructura de hormigón sin finalizar. Así lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La sentencia recoge que la cesión de la parcela al arzobispado está anulada al no cumplirse el plazo para construirse este centro, por lo que ahora debe volver a su propietario original, que es el consistorio. Además, y al quedar una estructura de hormigón inacabada en la parcela, que afecta a su valor y estado, el Tribunal reconoce que Oliva ahora tiene derecho a que la arquidiócesis se la devuelva en su estado original o que le compense económicamente por su deterioro.

La puesta en marcha de este proyecto se remonta al pleno del 6 de septiembre de 1998, cuando se acordó la cesión de esta parcela al Arzobispado de València para construir el templo y Centro Ecuménico. Inmediatamente se pusieron en marcha las obras, que fueron paralizadas de forma prematura. Durante estas casi tres décadas, la parcela ha quedado en un estado de abandono.

Con el fin de revertir la situación, y ante el incumplimiento de los plazos, en 2006 el consistorio acordó la reversión del solar, dando paso a un largo proceso judicial que buscaba determinar si la estructura de hormigón —solo se construyó el 11 % del proyecto previsto— debía ser demolida y si el arzobispado debía asumir los perjuicios económicos de estos trabajos inacabados. Se trata de una parcela de 25.000 metros cuadrados y de aproximadamente 28.000 toneladas de hormigón.

Sentencias previas

Una sentencia de 2023 daba la razón a la arquidiócesis, por lo que esta no debía pagar 2,3 millones de euros al consistorio olivense. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de València dictaba que el arzobispado debía pagar 296.732 euros al ayuntamiento, que ya recuperó la propiedad del solar hace años, cuando otra resolución judicial resolvió el incumplimiento de la Iglesia en los plazos para construir el Centro Ecuménico y, por lo tanto, obligaba a la reversión del suelo municipal que fue cedido gratuitamente en su día. El ayuntamiento decidió presentar un recurso a esta sentencia.

Ahora otra sentencia, y tras la apelación ante el TSJCV, reconoce que el consistorio no debe soportar el coste del perjuicio sufrido por las obras inacabadas.

El concejal de Urbanismo, Patrimonio y Contratación, Joan Mata, ha celebrado esta sentencia. "Es muy positiva para los intereses municipales y se ha hecho un trabajo magnífico para revertir la situación judicial de 2023 hasta la actualidad", señala. No obstante, Mata ha pedido prudencia, ya que el arzobispado ha ejercido su derecho a casación ante el Tribunal Supremo. "Después de décadas, estamos ya casi a las puertas de una solución definitiva para la cuestión del Centro Ecuménico", afirma.

La alcaldesa de la ciudad, Yolanda Pastor, también se ha pronunciado en la misma línea. En sus palabras, "continuamos con el trabajo de ordenar y resolver problemas históricos de la ciudad. Este es un tema muy importante". Añade: "Es una lástima que nunca llegaran a finalizarse las obras del Centro Ecuménico, que tanto bien habría hecho a nuestro pueblo".

Respuesta de Compromís

El grupo municipal Compromís se ha congratulado por esta sentencia favorable para el municipio. Señalan que el ayuntamiento, formado en 2020 por la formación nacionalista y el PSOE, de manera "responsable en un contexto complejo". La agrupación ha recordado el pleno de 2020, cuando el consistorio tomó la decisión de "contabilizar los daños ocasionados en el solar". Añaden: "No fue una decisión cómoda, pero era necesaria".

La sentencia recoge que la estructura inacabada no "es fácilmente aprovechable, condiciona el futuro uso urbanístico y genera un perjuicio patrimonial en el consistorio".

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