Informe ambiental favorable para la concentración parcelaria del marjal Pego-Oliva

El proyecto de concentración parcelaria del marjal Oliva-Pego ya tiene una declaración de informe ambiental favorable, vigente por un periodo de cuatro años. Durante este tiempo, antes de que caduque, la Conselleria de Agricultura podría acometer este ambicioso plan, que se remonta a hace 50 años y que se ha visto sometido a múltiples avatares.

El plan consiste en reubicar fuera de la zona de máxima protección del parque natural una serie de parcelas, en su mayoría agrícolas y destinadas al cultivo de arroz, ofreciéndoles a los agricultores el equivalente de sus tierras mediante compra o permuta. Al mismo tiempo se declararán esos terrenos de utilidad pública y se pondrán en valor desde el punto de vista medioambiental.

El objetivo último es hacer compatible la protección del humedal con el cultivo del arroz. El director del parque natural del marjal, José Antonio Hernández, confía en que la Conselleria de Agricultura presente este mismo octubre una primera distribución de las parcelas a los propietarios. Posteriormente se hará la toma de posesión o entrega de la finca. El paso siguiente sería la redacción de los proyectos que contempla la concentración parcelaria, con una serie de obras, matiza Hernández, "que no son únicamente agronómicas".

Toda la información se tramita desde la Conselleria de Agricultura, que desde hace meses está notificando a los propietarios sobre la aprobación de este plan de reagrupación. Debido al tiempo transcurrido no es fácil localizarlos a todos, por lo que los documentos también están expuestos en la página web, en el Portal Agrari de la Generalitat.

Interés de Oliva

Los ayuntamientos de Pego y Oliva también han colaborado en el proceso. El concejal de Agricultura de Oliva, Enrique Parra, señala que el ayuntamiento tiene "mucho interés de que esto llegue a buen puerto, porque en nuestro término municipal tenemos las parcelas más degradadas y sería maravilloso recuperar esos terrenos para el parque natural". Expresa además satisfacción porque en su día la Generalitat aceptó la mayoría de las alegaciones presentadas por Oliva.

El proyecto se presupuestó en cerca de 2 millones de euros, pero a precios de 2024, por lo que se debería revisar. Se describen actuaciones en caminos y vías de acceso, en colectores y desagües, mejora de la red de drenajes, y en gestión de residuos, colocación de observatorios de aves, o una pasarela sobre el río Racons, entre otras. Se contempla incluso una planta fotovoltaica para suministrar energía eléctrica a la estación de bombeo del Regalatxo.

Historia del plan

El cultivo del arroz se introdujo en el marjal a mediados del siglo XIX, pero hacia 1970 se había abandonado. Es entonces cuando el Ministerio de Agricultura franquista, a través del ya extinto Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda), aprueba un «Plan de Transformación de las Tierras Arrozales», que contemplaba una reagrupación de parcelas y la desecación de 900 hectáreas de marjal para otros cultivos.

Pero en el otoño de 1985 fuertes lluvias inundaron el «Pla» y demostraron la ineficacia de esas obras faraónicas. De forma paralela se contemplaba por aquellas fechas otro plan aún más descabellado: que en el marjal se implantara Eurodisney, una inversión que finalmente fue a parar a París.

En 1994 la Generalitat promulgó la Ley de Espacios Protegidos, que dejó en suspenso la concentración parcelaria hasta que no se diseñara un plan de ordenación de los recursos naturales.

Con la aprobación del primer Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Marjal de Pego-Oliva, en el año 1999, el parque natural se zonificó según sus condiciones, y una de ellas fue la zona de cultivo del arroz, que se mantuvo en la revisión posterior del PORN del año 2004, vigente actualmente.

El perímetro de esa concentración comprende una superficie de 839,19 hectáreas, de las cuales 578,18 están en Pego y las 261,01 restantes en Oliva. El número de parcelas incluidas en el proceso se eleva a más de 2.800. El número de propietarios afectados, dentro del perímetro protegido, es de 916, que siguen todavía, como hace décadas, en una situación de incertidumbre jurídica.

En febrero de 2023 hubo una reunión entre representantes de la Conselleria y de los ayuntamientos de Oliva y de Pego, con el fin de acelerar este proceso. A mediados de enero se reunió la junta rectora del parque y también se abordó este tema.

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