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Palma de Gandia rechaza por unanimidad la instalación de dos plantas fotovoltaicas

Los grupos políticos con representación, Compromís, PP y PSPV-PSOE, aprueban una moción en el último pleno en la que instan a la Generalitat a que no otorgue licencia a la empresa solicitante

Vista de la partida de Marxuquera en Palma de Gandia

Vista de la partida de Marxuquera en Palma de Gandia / Levante-EMV

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El pleno municipal de Palma de Gandia, en sesión celebrada el pasado 12 de marzo, aprobó por unanimidad una moción para exigir a la Generalitat la paralización del proyecto de instalación de dos plantas fotovoltaicas previstas en la partida de Marxuquera, una en término municipal de Palma de Gandia y la otra en Ador.

La moción, a propuesta de la alcaldesa, Paula Femenía, salió adelante con los votos a favor de todos los grupos que tienen representación en este municipio; los cinco concejales de Gent de Palma (Compromís), las tres del PP y el edil del PSPV-PSOE.

El texto insta a "declarar la incompatibilidad territorial, paisajística, ambiental y urbanística del proyecto", además de "exigir la presentación del estudio de impacto ambiental preceptivo y considerar los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos de las dos plantas".

También consideran que la iniciativa choca contra la Lotup, que es la ley básica que regula el urbanismo, el territorio y el paisaje en la Comunitat Valenciana, y en definitiva "denegar la autorización de la instalación fotovoltaica proyectada". Cabe recordar que en este asunto la última palabra es de la Conselleria de Territorio, el organismo que tiene las competencias.

El pleno municipal evidenció el malestar que hay en la población con este tipo de plantas, que, en caso de aprobarse, serían las primeras que se instalen en suelo rústico en la comarca de la Safor, cambiando huertos por paneles fotovoltaicos. El suelo sobre el que se planea está considerado como agrícola no urbanizable, pero no tiene una especial protección, por lo que la puerta para que la empresa instale esta planta está abierta.

La inversión la impulsa la mercantil Sun Hive, y los nombres de los expedientes son "Gandia Hive" y "Ador Hive".Entre las dos generarían más de dos megavatios a la hora. La inversión prevista para la planta de Palma es de 878.097 euros, y la de Ador de 752.257 euros. Además de los paneles solares contemplan la construcción de sendos edificios prefabricados de hormigón para albergar transformadores.

Los grupos políticos de Palma de Gandia están a favor del desarrollo de las energías renovables pero matizan que se debe evitar "la concentración de instalaciones industriales en zonas de alto valor agrícola o residencial, priorizando su ubicación en techos, superficies antropizadas o espacios degradados".

En la moción se recuerda que las Normas Subsidiarias municipales, de 1999, no contemplan las plantas fotovoltaicas como uso propio del suelo no urbanizable.

Y el artículo 25 de la Lotup establece que "son un uso excepcional, no ordinario, y por tanto contravienen la vocación agrícola y ambiental del suelo". La jurisprudencia exige una interpretación restrictiva de los usos en suelo no urbanizable, admitiendo solo aquellos compatibles con el territorio y que no supongan aprovechamiento intensivo de carácter industrial. En este sentido, añaden desde el ayuntamiento que "existe una sentencia del Tribunal Constitucional que refuerza la competencia municipal en la clasificación del suelo".

Impacto visual

Otros factores que consideran graves son "el impacto visual directo, los posibles efectos térmicos y reflectantes, la pérdida de suelo agrícola y la vulnerabilidad territorial". Además, "la línea de evacuación prevista en el término de Palma de Gandía cruza el Barranco y Camí del Portell, con impactos derivados del movimiento de tierras y la destrucción de hábitats". También se advierte del riesgo de incendios forestales y de "generar residuos electrónicos con metales pesados, sin garantías suficientes de gestión sostenible".

De forma paralela a esta moción el ayuntamiento ya remitió alegaciones en contra al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minasen el periodo de información pública, que acabó el pasado 26 de enero, con argumentos similares a la moción.

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