No a les vertaderes retallades

Resulta, cuanto menos, llamativo observar cómo determinados partidos de la izquierda valenciana, como Compromís, Més Gandia o el PSPV-PSOE, aplican una doble vara de medir cuando se trata de valorar la situación educativa en la Comunitat Valenciana. Lo que años atrás se justificaba o minimizaba durante el gobierno del Botànic, hoy se convierte en motivo de alarma permanente y movilización constante.

Desde la llegada del Partido Popular al gobierno de la Generalitat, el discurso de la izquierda ha virado hacia una crítica sistemática de las políticas educativas. Sin embargo, los datos apuntan a un incremento significativo de la inversión en educación, con cifras que superan ampliamente las registradas en la etapa anterior. Este aumento presupuestario, lejos de ser reconocido, es con frecuencia ignorado o desacreditado.

Durante los años del Botànic, el sistema educativo valenciano afrontó problemas evidentes: aumento progresivo de las ratios en las aulas, falta de profesorado y una financiación que muchos calificaban de insuficiente. Sin embargo, las calles no se llenaron de protestas, huelgas o manifestaciones. El contraste resulta, como mínimo, significativo y sugiere un intento deliberado de distorsionar la realidad educativa.

El actual gobierno de coalición en Gandia, formado por PSOE y Compromís (Més Gandia), pretende ahora erigirse en defensor de medidas que no impulsaron sus partidos durante los ocho años en los que tuvieron responsabilidades de gobierno. Resulta difícil entender cómo quienes no acometieron reformas de calado en su momento, y que ahora aplican verdaderas “retallades” en educación —como la supresión de dos escuelas infantiles municipales, la del Raval y la del Grau—, exigen soluciones inmediatas a otros.

Frente a este relato, los datos son elocuentes

Con un presupuesto actual superior a los 7000 millones de €, en los últimos años se ha producido un incremento de más de 10.000 docentes, lo que supone un aumento del 16 % en las plantillas. Se trata de un crecimiento muy superior al registrado en la etapa anterior, que ha contribuido a reforzar la estabilidad del sistema educativo. A ello se suma una mejora progresiva de las condiciones retributivas del profesorado, con un incremento progresivo cercano al 8,5 %, así como la voluntad de recuperar su poder adquisitivo mediante el diálogo permanente con sindicatos y agentes educativos.

El refuerzo de la educación pública también se ha traducido en más recursos y programas específicos, junto a medidas de apoyo directo a las familias más vulnerables, como la gratuidad del comedor escolar, el transporte y las actividades extraescolares. Asimismo, se ha avanzado en educación inclusiva, con la creación de nuevas unidades específicas y la incorporación de más de 600 profesionales especializados.

Otro hito relevante ha sido la implantación de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en escuelas municipales y centros autorizados, una medida que supone un respaldo sin precedentes para las familias. A ello se suma la consolidación de programas como Xarxa Llibres.

En conjunto, estos avances permiten afirmar que la Comunitat Valenciana cuenta hoy con la mayor dotación de profesorado de su historia, una inversión educativa sin precedentes y un sistema que avanza hacia mayores cotas de equidad y calidad.

Para el gobierno del Partido Popular, mejorar las condiciones del profesorado no es un eslogan, sino una prioridad respaldada por hechos. En este camino, los datos constituyen el mejor argumento.

No obstante, el progreso no está exento de obstáculos.

La infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana sigue siendo un lastre que limita su capacidad de crecimiento. Por ello, resulta imprescindible reclamar al Gobierno de España una financiación justa y suficiente que permita consolidar y ampliar las mejoras emprendidas.

Porque, al final, la credibilidad de quienes dicen defender la educación pública no se mide solo por sus palabras, sus consignas o sus movilizaciones, sino por la coherencia, el compromiso y la responsabilidad de sus actos, por su capacidad para reivindicar una financiación estatal justa para la Comunitat Valenciana, que permita seguir avanzando en la mejora del sistema educativo.

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