Del “caso de los caballos” al aviso en un chat sobre controles antidroga con perros: las polémicas que han salpicado al gobierno de Oliva

Los casi tres años de legislatura del Ayuntamiento de Oliva, gobernado por PRO Oliva (9 concejales) y UCIN (dos ediles), han estado marcados por distintas polémicas que han afectado a varios concejales y han derivado, en algunos casos, en dimisiones, expulsiones y comisiones de investigación, a las que, incluso, se han sumado los socios de gobierno.

La última controversia salpica al edil de Recursos Humanos, Empleo y Empresa, Deportes y Modernización, Joan Mascarell. Compromís, PSPV-PSOE y PP, junto a los dos concejales de UCIN, estudian impulsar una comisión de investigación tras conocerse que podría incurrir en una posible incompatibilidad al compaginar su cargo público con el cobro de 500 euros como entrenador del primer equipo de la UD Oliva, como ya adelantó Levante-EMV. Mascarell ha negado siempre esa remuneración y sostiene que dicha cantidad se destina a cubrir gastos del equipo.

El concejal ya protagonizó otra polémica el pasado verano. En agosto tuvo que pedir disculpas a la Policía Local y a la Guardia Civil tras advertir en un grupo de WhatsApp con jugadores de la UD Oliva sobre controles antidroga previstos entre el 24 y el 27 de julio. El edil aseguró entonces que no pretendía frustrar el operativo, sino advertir a adolescentes para evitar el consumo de alcohol y drogas. En un comunicado señaló que no tenía acceso privilegiado a información policial y pidió disculpas públicas si había entorpecido alguna actuación preventiva.

Precisamente, agosto fue uno de los meses más complicados para el ejecutivo local. A principios de ese mes salió a la luz una supuesta venta irregular de alfalfa y otros productos destinados al cuidado de siete caballos incautados previamente por la Guardia Civil en una operación contra el maltrato animal. La denuncia partió de un policía local residente en Oliva, aunque destinado en otro municipio, quien aseguró que el cuidador de los animales le había revendido material adquirido por el consistorio para su mantenimiento.

Posteriormente trascendió que la entonces concejala de Medio Ambiente, Maria Bertomeu, mantenía una relación con este cuidador. Los grupos de la oposición denunciaron además que se había beneficiado económicamente del dinero destinado a los animales. Tras el hecho, la alcaldesa, Yolanda Pastor, le retiró competencias y retribución, mientras se constituía una comisión de investigación con representación de todos los grupos municipales. Hace unas semanas, el ayuntamiento remitió a la Fiscalía Provincial de Valencia la documentación del caso para esclarecer posibles irregularidades. Bertomeu es actualmente concejala no adscrita.

El verano concluyó con otro episodio delicado. La Guardia Civil detuvo a principios de septiembre a un agente de la Policía Local por la presunta agresión a una joven cuando estaba esposada. El instituto armado asumió la investigación, aunque en el lugar también se encontraban otros siete policías locales. La alcaldesa, responsable además del área de Seguridad Ciudadana, ordenó la apertura de expediente disciplinario a esos agentes para analizar su actuación.

Horario de los chiringuitos

Las tensiones políticas ya eran evidentes meses antes entre los propios socios de gobierno. El concejal de Turismo y Playas, Salvador Llopis (UCIN), había prometido durante la campaña electoral ampliar hasta las tres de la madrugada el horario de algunos chiringuitos de la playa. Sin embargo, en junio de 2024 expresó públicamente su malestar por no poder cumplir ese compromiso y realizó algunas críticas hacia sus socios de gobierno. Desde el ejecutivo se respondió entonces que no existía ningún informe jurídico que avalara dicha ampliación. Aun así, en las últimas semanas Llopis se ha mostrado confiado en que este sea el último verano con restricciones horarias, ya que su departamento trabaja en un nuevo pliego.

Otra de las primeras polémicas surgió en enero de 2024. El PSPV denunció que la entonces concejala de Juventud y Bienestar Social, Ana Mascarell, con dedicación exclusiva, había solicitado reducirla al 50 % y compatibilizar el cargo con su trabajo como educadora social en el Ayuntamiento de Pego. El gobierno defendió que el proceso contaba con informes favorables de la Secretaría General.

Ana Mascarell abandonó el consistorio en diciembre y fue sustituida por Francisco Escrivà. Sin embargo, este también dejó el gobierno apenas seis meses más tarde mediante una carta en la que denunciaba que «no se le había formalizado contrato, dado de alta en la Seguridad Social ni abonado salario alguno», circunstancias que, según afirmó, «impedían el normal ejercicio de sus funciones como concejal».

Suscríbete para seguir leyendo