El riesgo de desprendimientos mantiene desalojadas a 18 familias de Gandia cinco años después

Un total de 18 familias siguen desalojadas de la urbanización Cases de l’Algar, en Gandia, desde noviembre de 2021. Casi cinco años después, los residentes aún no han podido regresar a sus viviendas debido al riesgo de desprendimiento de grandes rocas desde la ladera de la montaña, que podrían alcanzar los inmuebles y poner en peligro a sus habitantes.

La evacuación se produjo tras el desprendimiento de varias piedras grandes, probablemente a causa de las fuertes lluvias registradas los días anteriores, en una zona cercana al área de Marxuquera, que acabaron rodando hacia el entorno de las viviendas e, incluso, alcanzaron algunas de ellas. Las familias lamentan que más de cinco años después la situación sigue sin resolverse. Los afectados denuncian la falta de avances claros y de información concreta sobre los plazos de regreso.

Aunque algunas de estas viviendas son segundas residencias, algunos afectados se han visto obligados a alquilar otros inmuebles hasta que se resuelva la situación, que, según denuncian, se ha prolongado más de lo previsto. Es el caso de Lorena (nombre ficticio), que ha tenido que arrendar otro piso durante este tiempo.

«Hemos perdido nuestro hogar durante todos estos años y todavía desconocemos cuándo vamos a poder regresar», afirma. A este desamparo se suma, en sus palabras, el elevado coste económico. «Durante este tiempo he tenido que pagarme un alquiler más la hipoteca de la casa. Ya me he gastado más de 50.000 euros», reconoce. Recalca que todo este proceso le está provocando problemas de salud, especialmente a nivel psicológico.

Los vecinos alertan, además, de una circunstancia que consideran especialmente preocupante. Pese a la peligrosidad de la zona, que ha obligado a su desalojo, denuncian que el entorno, como ellos mismos han podido comprobar, sigue siendo transitado con normalidad por vehículos, senderistas y ciclistas. El fácil acceso, a su vez, provoca que muchas casas hayan sufrido robos.

Las familias explican que en esta zona existe una ruta que atraviesa parte del área afectada y que no ha sido totalmente cerrada. A ello, según ellos, se suma una señalización que califican «de insuficiente». «Nosotros sabemos el peligro que existe ahí, pero muchas personas desconocen la gravedad de la situación», recalcan.

Próximos pasos

El Ayuntamiento de Gandia les ha comunicado recientemente que las obras se ejecutarán de manera subsidiaria. La coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, ha reivindicado el trabajo realizado desde el consistorio, ya que, en sus palabras, «este tipo de procesos requiere de unos plazos».

El principal problema al que se ha enfrentado el ayuntamiento, como ella misma explica, ha sido la dificultad de localizar a la persona propietaria para llevar a cabo las actuaciones necesarias. Explica: «La persona falleció y los herederos estaban ilocalizables. Tras cumplir todos los plazos, ahora el consistorio ya puede ejecutar las obras de manera subsidiaria». Paralelamente, el ayuntamiento mantiene una serie de reuniones con estas familias para «llegar a acuerdos».

Concretamente, una empresa especializada en geología indicará las actuaciones que se deben llevar a cabo para «asegurar la montaña». «El ayuntamiento ordenó el desalojo para garantizar la vida de las personas por el riesgo de desprendimientos, por lo que la zona debe ser segura para que puedan volver», afirma. Recuerda que esta medida se llevó a cabo porque «un informe técnico así lo recogía».

Empresa especializada

Estas actuaciones, que deberá concretar la empresa, buscan «reducir de manera considerable» posibles desprendimientos. «Los vecinos son conscientes de la situación y del lugar en el que viven. Deben tener en cuenta que el ayuntamiento no es responsable del movimiento geológico de una montaña», explica.

Alonso, a su vez, recalca que las licencias de estas viviendas se entregaron hace muchos años con la «condición» de finalizar la urbanización. En sus palabras, «si se hubiesen llevado a cabo estas actuaciones, se podrían haber colocado, por ejemplo, mallas».

La coordinadora general de Urbanismo es consciente de la dificultad de este proceso para poder llevar a cabo las obras y, así, que los vecinos puedan regresar a sus casas. Por su parte, los residentes lamentan la ausencia de un cronograma que marque los tiempos de actuación y, en consecuencia, una posible fecha de retorno. «Sabemos que es un proceso largo, pero no tenemos ninguna referencia de plazos», señalan.

La frustración entre los afectados es creciente. Aseguran que, mientras ellos deben solicitar permisos para acceder puntualmente a sus viviendas, «otras personas circulan libremente por la zona sin ser conscientes del riesgo existente». «Nosotros no podemos entrar con normalidad y, sin embargo, vemos cómo la gente pasa por allí», expresan.

Pese a todo lo vivido, las familias reiteran que el acuerdo por parte del ayuntamiento supone «un avance enorme dentro de todo el camino recorrido».

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