Aplazan en Gandia un desahucio por impago de alquiler de una madre con tres hijos menores

La presencia de una treintena de activistas del Sindicat de l'Habitatge de la Safor ha logrado paralizar un desahucio por impago de alquiler en Gandia, que estaba previsto esta mañana por orden judicial contra la inquilina, una madre con tres hijos menores a su cargo, en un piso situado en un bloque de la calle Morán Roda, número 19.

En este caso hay un conflicto enquistado entre propietario e inquilina desde hace años. La mujer no ha querido hacer declaraciones a la prensa y tampoco se ha dejado ver.

El propietario alquiló la vivienda, a través de una agencia inmobiliaria, a esta mujer con sus hijos menores en agosto de 2022, y esta dejó de pagar en noviembre de ese año la renta mensual, fijada en ese momento en 410 euros, por un cuarto piso sin ascensor. En abril de 2023 interpuso una demanda que ha desembocado en esta primera orden de lanzamiento.

El dueño de la vivienda, José Miñana, visiblemente indignado, que ha llegado con su abogado, asegura, en declaraciones a Levante-EMV, que al principio lo alquiló con buena voluntad, pero se siente engañado. "No soy un inversor, el alquiler era un complemento para mi pensión", se lamenta. Ahora tendrá que esperar un tiempo más a ver cómo se resuelve el asunto.

El Sindicat de l'Habitatge tiene otra versión radicalmente diferente. Reconocen el impago, pero creen que es más urgente el hecho de que la afectada, madre soltera con menores, no tenga alternativa habitacional. Aseguran que ella pidió a las administraciones públicas un piso con alquiler social sin que hasta la fecha haya tenido una solución.

Guillem Ribera, portavoz del Sindicat, explica que la mujer se quedó sin trabajo, y por tanto sin ingresos. "Está apuntada a todos las bolsas de vivienda social, pero no está teniendo ninguna respuesta; y ella no puede abandonar la casa porque si no se tiene que ir debajo de un puente".

La comitiva judicial llegó sobre las once y cuarto. Tras una breve conversación con un portavoz de los activistas, subieron a la vivienda para que la inquilina firmara la requisitoria. Les acompañó una miembro del Sindicat, mientras que la otra parte se quedó en la calle pero manifestó su oposición a las diligencias.

Tras constatar que existía una protesta en la calle, que por otra parte ha discurrido de manera pacífica y sin presencia de la fuerza pública, se ha decidido aplazar el lanzamiento al próximo jueves, 21 de mayo. Tal y como determina el protocolo, si se llegara al segundo desahucio habría presencia policial.

Sin acudir a Servicios Sociales desde 2024

Desde el Gobierno de Gandia aclaran que al principio del litigio la mujer sí acudió a los Servicios Sociales municipales e incluso se logró paralizar un primer desahucio, pero desde 2024 no ha hecho acto de presencia, no saben nada de ella.

La concejala de Servicios Sociales, Inma Rodríguez, explica que la situación de vulnerabilidad se tiene que evaluar y certificar cada año, porque puede cambiar, y añade que su departamento "no puede actuar de oficio, sino tras solicitarlo la persona afectada". Sugiere que si el caso es tan urgente la mujer vuelva a pedir ayuda por los canales establecidos.

El último desahucio donde intervinieron miembros del Sindicat d'Habitatge tuvo lugar en febrero el barrio del Raval, también relacionado con el alquiler, contra un matrimonio con tres hijos, dos de ellos menores. Se logró aplazar a marzo pero finalmente el inquilino decidió no seguir litigando en el proceso y abandonó la vivienda.

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