Los pisos de alquiler social en Santa Anna de Gandia se retrasan hasta 2029 con solo una promoción en marcha

Las más de 200 viviendas de alquiler social proyectadas en las cuatro parcelas del distrito de Santa Anna de Gandia, junto al nuevo Palacio de Justicia, no estarán disponibles, como mínimo, hasta 2029. Esto supone un retraso de seis años desde que el ayuntamiento cediera los solares a la Generalitat Valenciana. Así lo ha denunciado el concejal de Vivienda, Salvador Gregori, quien ha lamentado que “el proyecto avanza a paso de caracol”.

Solo una de las promociones se encuentra actualmente en marcha, mientras que las otras tres parcelas permanecen paralizadas o pendientes de adjudicación tras la renuncia de las constructoras. Concretamente, y como él mismo ha detallado, las dos parcelas más alejadas del Palacio de Justicia se adjudicaron en mayo de 2023 y, desde ese momento, "no se ha hecho nada más". Otra se licitó en enero de 2025 y se adjudicó en septiembre de ese mismo año, pero todavía no se han avanzado las obras.

La más adelantada, que contempla 67 viviendas, arrancó con en concurso de ideas en 2022, mientras que se redactó el proyecto en 2023. El ayuntamiento otorgó la licencia de obras en julio de 2023 y, desde ese momento, se han concedido tres prórrogas. Concretamente, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) licitó en abril de 2025 -hace un año- las obras para la construcción de este bloque por un importe de 10.515.267 euros (IVA incluido)

La actuación, como ya informó este diario, también incluye una planta baja con cuatro plazas de aparcamiento y un sótano con otras 59 plazas. Cuenta con una financiación de más de 2,7 millones de euros, un 26 % del total, procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation UE. El resto de la inversión, 7,8 millones de euros, un 74 %, corresponde a la Generalitat. La inversión total supera los diez millones de euros.

Las obras de este bloque deberían haber estado finalizadas el 30 de junio de 2026, un plazo que, previsiblemente, no se cumplirá. En este sentido, Gregori ha denunciado el ritmo de ejecución del llamado Plan VIVE, que, en sus palabras, "ha llegado tarde y ya no tiene sentido" al no contar con financiación europea.

Según ha expuesto, el modelo propuesto ahora, que se basa en la permuta de suelo por obra, "podría haber sido ejecutado directamente por el propio ayuntamiento sin necesidad de intermediación autonómica".

El edil ha puesto en valor el trabajo realizado desde el consistorio "dentro de las competencias que tenemos en este tema". Ha añadido: "Dimos las licencias en poco más de tres meses, pero nos encontramos con solares con cañas de tres metros y una parcela donde se está construyendo a paso de caracol”.

Gregori, a su vez, ha señalado que el propio alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, le ofreció al anterior President de la Generalitat, Carlos Mazón, "las veinte parcelas disponibles para construir viviendas". "Creíamos que era favorable por los fondos europeos, pero ahora nos hemos dado cuenta que eso que están haciendo también lo podríamos haber hecho nosotros", denuncia.

Lamenta que el proceso todavía se demorará más en el tiempo. "Si se tienen que establecer las bases y todo, no estará habitable hasta 2029".

Medidas municipales

Gregori ha recordado las distintas vías que se están llevando a cabo desde el ayuntamiento para ofrecer vivienda a la ciudadanía. Así, ha defendido algunas iniciativas, como la bonificación del 95 % del ICIO para vivienda protegida, aprobada con autorización estatal, que permite reducir significativamente los costes de promoción.

Asimismo, ha puesto en valor las políticas municipales en materia de rehabilitación, con actuaciones en marcha sobre cerca de mil viviendas a través de planes de barrios y ARRU, con una inversión próxima a los veinte millones de euros, financiados mayoritariamente con fondos europeos.

El edil ha reiterado que el consistorio continuará impulsando medidas para ampliar el parque de vivienda asequible, “complementando la acción de la Generalitat, que es la administración con competencias exclusivas en materia de vivienda”.

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