Dos taxistas de Gandia recurren la adjudicación de siete nuevas licencias por contravenir la ordenanza municipal

Dos taxistas de Gandia, Emilio Hurtado y Nelson Yepremyan, han recurrido por la vía administrativa la reciente adjudicación de siete nuevas licencias por parte del gobierno local, un proceso que el ayuntamiento ha realizado mediante subasta pública y tras el que obtendrá unos ingresos de 400.000 euros. Precisamente este lunes informaban sobre ello en rueda de prensa la concejala de Movilidad, Lydia Morant, y el comisario principal jefe de la Policía Local, José Martínez Espasa.

Los recurrentes se aferran a la ordenanza municipal del taxi, que entró en vigor hace veinte años, en 2006. Esta norma determina, en su artículo 6, que "las licencias se otorgarán a los conductores asalariados de titulares de licencias de auto-taxi que presten servicio en Gandia, con plena y exclusiva dedicación en la profesión, por rigurosa y continuada antigüedad acreditada mediante la posesión y vigencia del permiso municipal de conductor de auto-taxi, expedido por el ayuntamiento, y la inscripción y cotización en tal concepto a la Seguridad Social".

Por tanto, consideran que el ayuntamiento "contraviene su propia ordenanza" y no debería haberse convocado una subasta pública para otorgar estas licencias. Ellos también participaron en este proceso, aunque quedaron excluidos tras aplicarse el sistema de baremación.

Los dos taxistas, en su recurso de reposición, argumentan que el ayuntamiento "ha aplicado un criterio cuantitativo automático basado en meses de experiencia sin aparente criterio objetivo, no consta verificación material de esa experiencia y no se acredita que la experiencia valorada responda a una actividad real, efectiva y conforme a los requisitos de la ordenanza".

Añaden que el procedimiento "no garantiza la igualdad real entre licitadores, no permite verificar la objetividad de la valoración y carece de transparencia suficiente". Sospechan, además, que el ayuntamiento "podría haber cometido alguna irregularidad al no revisar la vigencia del carné de taxista", un requisito previo para optar a estas licencias.

Respuesta del gobierno local

Desde el Gobierno de Gandia están preparando la respuesta a su recurso de reposición, para la que todavía están en plazo, que es de un mes. No obstante, adelantan que irá en la línea de desestimar las peticiones de estos taxistas, ya que el proceso se ha realizado basándose en la Ley Valenciana del Taxi, aprobada en 2017.

Esta norma es más reciente que la ordenanza, de rango superior, y sí que determina que las nuevas adjudicaciones deben realizarse con un proceso de concurrencia pública y transparente, y por tanto no se deben otorgar de forma discrecional, o solamente para los taxistas de la ciudad.

En cualquier caso, el conflicto evidencia la necesidad de reformar o clarificar los términos de la ordenanza municipal.

La adjudicación impulsada por el ayuntamiento ha consistido en siete nuevas licencias, una de ellas con vehículo adaptado para personas con movilidad reducida. El precio de salida de cada una era de 30.000 euros y parte de los adjudicatarios presentaron mejoras económicas sobre esta cantidad. Uno de ellos, que finamente estuvo entre los beneficiarios, llegó a ofertar 80.000 euros.

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