Gandia impulsa la ordenanza reguladora del padrón un año después de su anuncio

La gestión del padrón municipal de habitantes vuelve a estar de actualidad en Gandia. El gobierno local aprobará el próximo lunes la ordenanza reguladora, la primera que tendrá la ciudad en su historia. Lo impulsa, eso sí, con un año de retraso tras el primer anuncio del propio alcalde, José Manuel Prieto, y después de la insistencia del PP, que ha venido recordándolo a través de varias mociones y ruedas de prensa.

La norma, aseguran desde el gobierno local, apenas cambiará lo que ya se está haciendo. No se saldrá del ajustado marco que establecen las propias leyes estatales a los ayuntamientos en esta materia. E incorporará unas instrucciones de refuerzo y control que dictó el gobierno local a finales de 2025, tras desarticular la Policía Nacional una red dedicada al fraudey que empadronaba a ciudadanos extranjeros sin el conocimiento ni consentimiento de los dueños de las viviendas, y en la que hubo cinco detenidos.

El proyecto de ordenanza, que consta de apenas 11 artículos, cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos favorables. No obstante, tras su aprobación en Junta de Gobierno Local pasará a la comisión municipal y después se abrirá un plazo de alegaciones. Tras ello se someterá a votación en el pleno.

Entre esas novedades de la ordenanza, que ya se están aplicando, se mantendrá el refuerzo de los requisitos documentales para empadronarse en viviendas de alquiler. El solicitante tiene que aportar no sólo un formulario con la autorización expresa del propietario del inmueble, sino también el último recibo o justificante de pago y una fotocopia del DNI de al menos una de las personas propietarias.

Esta fotocopia no se pedía antes, pero ahora sí se exige tras conocer el "modus operandi" de la red desarticulada en Gandia, que consistía en falsificar todos los documentos, incluido el formulario y el contrato de alquiler, tras reventar los buzones y obtener alguna factura de luz o agua donde figurara la referencia catastral de la vivienda.

Otro punto a destacar es que, para evitar empadronamientos masivos, la ordenanza recoge un artículo, que reza expresamente: "Cuando se solicite el empadronamiento de más de ocho personas pertenecientes a distintos núcleos familiares en un mismo domicilio, el ayuntamiento podrá realizar las comprobaciones necesarias para verificar la residencial real y continuada, atendiendo a las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad, con el fin de evitar situaciones de hacinamiento".

También se recogen las visitas de agentes de la Policía Local a domicilios, si fuera necesario, para comprobar de oficio datos padronales y verificar la residencia real, algo que, según aseguran desde el gobierno local, se hace de forma habitual.

Se cita también el "empadronamiento especial", pensado para personas vulnerables que viven en la calle, o que comparten piso en condiciones precarias. Y se regula una serie de "actuaciones fraudulentas", que podrán acarrear "responsabilidades administrativas o penales".

Críticas del PP

El portavoz municipal del PP, Víctor Soler, y el concejal Vicent Gregori salieron este lunes en rueda de prensa para criticar el retraso en aprobar la ordenanza, y anunciar que llevarán una moción no resolutiva al próximo pleno con el fin de exigir su celeridad.

"En junio de 2025 - recordó Gregori - el Partido Popular exigió públicamente la creación de una ordenanza del padrón tras conocer un informe municipal que revelaba que en Gandia existían 1.238 viviendas con más de seis personas empadronadas, llegando algunas a superar incluso las 13 personas registradas”.

Añade Soler que el llamado padrón especial se ha convertido en Gandia "en una práctica habitual para apuntar a okupas y a personas que vienen a delinquir".

Los populares insisten en pedir el filtro previo, es decir, remitir los datos a la Policía Nacional, una polémica medida que introdujo el exalcalde Torró en 2011, pero que acabó tumbándole la Justicia por excederse de las competencias. En 2019 el Gobierno de Diana Morant suprimió este requisito. Esto, a juicio de Soler, es "lo que ha provocado un incremento de más de 10.000 empadronados y terminó desencadenando un fraude masivo en el padrón”.

Según Soler "fue gracias a la investigación y presión del Partido Popular cuando se produjo la baja de miles de empadronamientos irregulares, demostrando que el problema existía y que era necesario recuperar los controles eliminados por el PSOE”. El asunto del filtro es una línea roja, y no habrá acuerdo entre el Gobierno de izquierdas y la oposición.

4.500 depuraciones

Tras la rueda de prensa de los populares el concejal responsable del padrón, Adrià Vila, ha decidido poner en marcha la maquinaria de la ordenanza, a pesar de que llevaba unos meses preparándola, según asegura.

Vila matiza que desde el principio de la legislatura "el control del padrón ha permitido depurar más de 4.500 inscripciones, garantizando así la fiabilidad de los datos y evitando duplicidades o errores administrativos".

Recuerda que para en la preparación de las instrucciones de refuerzo sí que participaron los grupos políticos municipales, entre ellos el PP, y reprocha a los populares que no aprobaran una ordenanza similar en la legislatura en la que ellos gobernaron.

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