Gandia lleva a los tribunales a la empresa estatal Casa 47 por reclamar un edificio cedido previamente al ayuntamiento para vivienda social

El Gobierno de Gandia ha acordado presentar una demanda judicial contra la empresa estatal Casa 47. El motivo del malestar es la frustración de la compra de un inmueble situado en el número 22 de la calle Sant Enric, con 17 pisos, y que el ayuntamiento pretendía incorporarlo al parque público municipal de vivienda social. Este edificio era propiedad de la Sareb, el conocido como "banco malo", la sociedad que acabó integrándose en Casa 47.

Según explicaron en rueda de prensa este lunes las coportavoces Alícia Izquierdo y Balbina Sendra, el 29 de abril de 2025 la Sareb autorizó por escrito la cesión de este inmueble al Ayuntamiento de Gandia. El Gobierno local se puso manos a la obra, continuó con el proceso de compraventa, y pidió una subvención a la Generalitat para su compra y rehabilitación, que le fue concedida, dentro del plan ADHA, por un total de 834.305 euros.

Sin embargo, posteriormente en el ayuntamiento se recibió una llamada telefónica por parte de la entonces Sareb en la que desde Madrid vinieron a decir, básicamente, que no lo iban a vender. Alegaron que el inmueble había quedado integrado entre los activos transferidos a Casa 47.

Esta empresa estatal fue creada por acuerdo de Consejo de Ministros el 9 de diciembre de 2025, para transformar y sustituir a la antigua Sepes, la Entidad Estatal de Suelo. Depende del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y se encarga de centralizar la gestión pública, urbanizar terrenos y construir viviendas destinadas al alquiler asequible.

El gobierno local entiende, en primer lugar, que la comunicación verbal que se hizo desde la entonces Sareb no tiene ninguna validez, porque las administraciones se "hablan" con documentos escritos oficiales, y además compromete la subvención, aprobada y ya ingresada en las arcas municipales, que se vería obligado a devolver a la Generalitat. Por ello ha autorizado a iniciar acciones judiciales civiles.

El Gobierno de Gandia considera que debe hacerlo en aras del interés público, puesto que forma parte de su política pública de vivienda social, y debe velar por la correcta utilización de fondos públicos obtenidos para esa finalidad.

Reunión en Madrid

Se da la circunstancia de que en enero de este año hubo una reunión en Madrid, en el Ministerio de Vivienda, entre el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto con el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Francisco David Lucas, y la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias.

De ahí surgió el compromiso de que la empresa impulsaría la construcción de vivienda social, pero lo que no se imaginaba el gobierno local era que sería, al menos en este caso, boicoteando un proceso que ya estaba en marcha.

A propósito de este asunto, el concejal del PP Guillermo Barber lamentó que "mientras Gandia atraviesa una grave crisis de acceso a la vivienda, el ejecutivo de Prieto vuelve a demostrar que está más preocupado por la propaganda que por sacar proyectos adelante", y añadió que “al final Gandia pierde viviendas, pierde ayudas y los ciudadanos pagan las consecuencias de la incompetencia socialista".

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