Un año sin ver a su hijo en Oliva: "Se lo llevaron del hospital de Gandia cuando tenía cinco días y no sabemos dónde está. No nos han dado ni una foto’”

Andrea Navarro y Carlos García se convirtieron en padres por primera vez de Jose el 14 de junio de 2025. Ella acababa de cumplir 16 años y él tenía 17. A pesar de su juventud, contaban con el pleno apoyo de sus familias para criar al menor. Sin embargo, lo que debía ser la etapa más feliz de sus vidas se transformó, en cuestión de días, en una auténtica pesadilla.

“El 19 de junio, un día que no voy a olvidar nunca, nos pidieron que entráramos en una sala del hospital de Gandía y, allí mismo, nos comunicaron que el menor quedaba bajo tutela de la Generalitat”, relata la joven, vecina de Oliva. Junto a su padre, Casimiro, y los padres de Carlos, Rosa y José, describen el calvario que aseguran haber vivido durante este año, marcado por la imposibilidad de volver a ver al pequeño. Desde aquela jornada no han podido concertar ninguna visita, por lo que desconocen el paradero del menor. “No hemos podido verlo, no sabemos cómo está y no hemos podido ni tener una foto de él”, lamenta la familia.

Sus rostros reflejan tristeza, pero también una firme determinación por reencontrarse con Jose. La Conselleria de Servicios Sociales dictó la resolución de desamparo, por la que la Generalitat asumió la tutela del menor y se activó su acogimiento temporal.

El informe señala que “la progenitora es menor de edad y, por sus características sociales, familiares y personales, se encuentra en situación de riesgo”. En cuanto al padre, recoge que “también es menor de edad”. Añade además que “ambos presentan inmadurez personal y emocional, sin las habilidades necesarias para el ejercicio responsable de la maternidad y la paternidad, así como una falta de recursos personales y materiales para la crianza”.

Asimismo, el documento apunta a la ausencia de una red de apoyo estable y adecuada que garantice el bienestar del menor, y concluye que la familia extensa no reúne las condiciones necesarias para ofrecer un entorno seguro, al existir antecedentes de negligencia, conflictividad y violencia intrafamiliar, así como una escasa implicación con los Servicios Sociales. En este sentido, la familia asegura —como también corroboran numerosos vecinos de la localidad preguntados por este diario— que esos antecedentes se remontan a hace 15 años y que no están relacionados directamente con Andrea ni con Carlos. Tras todo lo expuesto, el Consell declaró la situación de desamparo al no poder garantizarse la seguridad y el desarrollo integral del recién nacido en su familia de origen.

“Me quedé embarazada a los 15 años, pero nuestras familias lo aceptaron y nos dieron su apoyo. Vivimos en casa de mis suegros y hemos cumplido con todas las visitas médicas y los requisitos solicitados. Soy una madre a la que no le han permitido ser madre”, insiste.

La familia recuerda que, tras la primera visita a la matrona, esta les explicó que había comunicado el caso a Servicios Sociales por tratarse de una menor. “Lo entendimos. Nos preguntaron, vieron la casa, que habíamos pintado entera y comprado muebles y colchones para cuando llegara el bebé. Todo iba bien, pero una semana antes de dar a luz nos dijeron que sería muy difícil que pudiera quedarme con mi hijo. No entendíamos nada”, explica Andrea.

Pese a ello, la familia mantuvo el seguimiento con Servicios Sociales y tramitó toda la documentación requerida. En palabras de la pareja, “nunca imaginamos que se lo llevarían allí, en el hospital. Nos dieron el alta, pero nos dijeron que José se tenía que quedar allí. Estuvimos en la puerta de neonatos día y noche. Allí le daba el pecho y podía verlo con Carlos, pero todo empeoró cuando nos fuimos a la otra sala. Cuando volvimos, ya no estaba”.

“Muchos argumentos y pocas soluciones”

Los afectados denuncian que “los argumentos que nos han dado no tienen sentido”. Recuerdan que el padre de Carlos trabaja desde hace más de dos décadas en una empresa de la localidad, mientras que el joven había trabajado durante los meses de verano. “Teníamos vivienda y unos ingresos estables. ¿Por no tener tanto dinero no tenemos derecho a ser padres? Durante todo el embarazo nos decían que todo iba bien y luego todo cambió”, lamentan. Recalcan que, durante este tiempo, les han dado distintos argumentos para impedirles estar con el bebé. “Primero nos dijeron que éramos inmaduros; después, que en casa de mis suegros vivíamos demasiadas personas; luego, que no teníamos estabilidad económica e, incluso, llegaron a reprocharnos que un familiar no iba bien vestido. Pero nunca nos han dado soluciones”, lamentan.

Actualmente, Andrea cursa 4º de la ESO, mientras que Carlos se encuentra buscando trabajo. “Si nos lo devolvieran, yo seguiría estudiando con un horario flexible y Carlos trabajaría”, señalan.

Hasta que el caso se resuelva, solicitan al menos poder ver a su hijo. “Hemos llamado a todas las puertas y no vamos a dejar de hacerlo porque creemos que ha habido una mala actuación y no nos han dado ni la oportunidad”, recalcan. La familia muestra con orgullo las pocas imágenes y vídeos del bebé que pudieron tomar durante los cinco días que compartieron con él. Los recuerdos se mezclan con el dolor de no poder reunirse con su hijo. “Tenemos la cuna todavía montada, los pañales, la ropa y todo lo que compramos. Confiamos en volver a estar juntos. Haremos todo lo que nos pidan y vamos a luchar hasta el último momento”, insisten.

Recientemente, la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, y la concejala de Servicios Sociales, Teresa Tur, les recibieron para conocer el caso. El consistorio se ofreció a prestarles asesoramiento jurídico. Agradecen este paso y, sobre todo, el apoyo del municipio en el caso.

“Nosotros solo pedimos que se anule todo lo actuado por Servicios Sociales y la Generalitat para que nos devuelvan al bebé, ya que consideramos que la separación fue injustificada, no se valoró la situación actual de la familia y se tomaron decisiones injustas”, concluyen.

Fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales recuerdan que este tipo de medidas solo se adoptan tras informes técnicos especializados. Este periódico también ha intentado contactar con el Ayuntamiento de Oliva para conocer su valoración sobre el caso, aunque por el momento no ha obtenido respuesta.

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