El Consell activa la regulación del uso y conservación del Serpis 20 años después de su declaración como paisaje protegido

La Conselleria de Medio Ambiente ha iniciado la consulta pública previa para aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del paisaje protegido del Serpis, un documento clave para regular la conservación y los usos de este entorno natural casi veinte años después de que el Consell declarara protegido este corredor fluvial.

Con este trámite, ayuntamientos, vecinos y entidades podrán presentar propuestas y alegaciones que contribuirán a definir la futura normativa de gestión del espacio natural, que fue declarado paisaje protegido el 13 de abril de 2007.

El ámbito abarca cerca de 50 kilómetros del cauce del Serpis, entre Alcoi y su desembocadura en Gandia, y comprende unas 10.000 hectáreas. La protección afecta a los términos municipales de Ador, Almoines, Beniarjó, Beniflà, Gandia, Palma de Gandia, Potries, Real de Gandia y Villalonga.

El futuro plan rector deberá concretar las directrices de ordenación, conservación, uso público y gestión de este enclave, que la Generalitat considera como un espacio de “elevada singularidad” por la convivencia histórica entre el medio natural y la actividad humana. El Serpis conforma así, como se recoge en el documento, "un mosaico de ecosistemas fluviales, forestales y agrarios, además de albergar un destacado patrimonio cultural y paisajístico". La conselleria también subraya, por otra parte, el papel estratégico del río como corredor ecológico entre los sistemas montañosos del interior y la franja litoral.

De este modo, el PRUG busca convertirse en el principal instrumento de planificación y gestión activa del paisaje protegido, con el objetivo de compatibilizar los usos del entorno con la preservación de sus valores ambientales, paisajísticos y culturales.

Nueva norma

Han tenido que pasar casi veinte años para que el Consell inicie la elaboración de este PRUG, por lo que el Serpis no dispone, hasta el momento, de un instrumento específico de planificación que concrete la regulación de usos, la zonificación del espacio y las directrices de gestión necesarias para garantizar la conservación de los valores ambientales, paisajísticos y culturales, así como su integración con las actividades socioeconómicas.

Una vez redactada, la normativa marcará los usos y actividades compatibles, abordará los criterios y directrices para proteger, conservar y mejorar los valores, definirá la coordinación entre las distintas administraciones y agentes implicados y fijará las directrices para la investigación, seguimiento y gestión del espacio protegido.

Así, el Consell busca a través de este plan una serie de objetivos, como se recoge en la consulta pública. Concretamente, la aprobación de este documento se resume en la conservación, regeneración y mejora de los valores ecológicos, geomorfológicos y paisajísticos de los hábitats naturales y seminaturales; la potenciación de la función de la vall fluvial del Serpis como conector ecológico, paisajístico y territorial entre los sistemas montañosos del interior y el litoral.

El futuro plan también tendrá entre sus principales objetivos la apuesta por una gestión racional y un uso sostenible de los recursos ambientales y culturales del espacio protegido con el fin de impulsar un modelo de desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social y cultural. Además, se pretende fomentar un uso público ordenado del enclave para actividades de estudio, educación ambiental y disfrute del entorno, con especial atención a la antigua vía del ferrocarril Alcoi-Gandia como eje vertebrador del paisaje protegido.

Entre las líneas de actuación, el plan buscará garantizar el mantenimiento de la cantidad y calidad de las aguas superficiales del río y de las fuentes y manantiales asociados con el fin de evitar actuaciones que puedan provocar su deterioro.

La iniciativa contempla igualmente la corrección de impactos negativos sobre los hábitats y el paisaje mediante proyectos de restauración ambiental y regeneración de áreas degradadas. Del mismo modo, se pretende reforzar la participación de administraciones públicas, agentes socioeconómicos, universidades y centros de investigación en la ordenación, gestión y seguimiento del espacio protegido.

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