La familia del bebé tutelado en Oliva pide anular el acogimiento: «No hay ningún motivo grave para separar al menor de sus padres»

«No han tenido en cuenta las circunstancias actuales. A día de hoy no existe ningún motivo que justifique ni permita valorar el acogimiento de José, por lo que lucharemos para que se declare judicialmente la nulidad de la tutela, del acogimiento y de todas las actuaciones llevadas a cabo por la administración».

La abogada María Teresa Navarro defiende la actuación que Andrea Navarro y Carlos García, vecinos de Oliva, mantuvieron durante todo el embarazo y a lo largo de este año. Ambos se convirtieron por primera vez en padres el pasado 14 de junio, con 16 y 17 años, respectivamente. Sin embargo, tal y como adelantó ayer Levante-EMV, y pese al respaldo de sus familias, la Conselleria de Servicios Sociales dictó una resolución de desamparo tras los informes emitidos por el ayuntamiento, por la que la Generalitat asumió la tutela del menor y activó su acogimiento temporal. “El 19 de junio, un día que no voy a olvidar nunca, nos pidieron que entráramos en una sala del hospital de Gandía y, allí mismo, nos comunicaron que el menor quedaba bajo tutela de la Generalitat”, recordaba Andrea.

El informe señalaba que ambos progenitores son menores de edad y que presentan «inmadurez personal y emocional», además de carecer de recursos y habilidades suficientes para ejercer de padres de forma responsable. También apuntaba a la falta de una red de apoyo estable y consideraba que la familia extensa no reunía las condiciones adecuadas debido a antecedentes de negligencia y conflictividad. Su entorno les ha acompañado durante todo el proceso.

Frente a este informe, la abogada que defiende el caso subraya que «el interés del menor en ser educado en el seno de su propia familia no puede depender de la mayor o menor madurez intelectual de la madre» y sostiene que esa valoración «no se ajusta a la realidad», ya que define a Andrea como «una joven madura y con las ideas claras», algo que también corroboran vecinos consultados por este diario.

Tanto la familia como la propia abogada sostienen, por otra parte, que los informes emitidos por Servicios Sociales recogen hechos que se remontan a hace 15 años y no afectan directamente ni a Andrea ni a Carlos. Pese a ello, el Consell declaró la situación de desamparo al entender que no podía garantizarse la seguridad y el desarrollo integral del recién nacido en su entorno familiar.

Durante este año, y pese a la insistencia, los padres desconocen el paradero del bebé, por lo queno han podido tener ningún contacto con su hijo. Navarro lamenta que «les han negado cualquier contacto». La propia Andrea ha solicitado en varias ocasiones una fotografía del menor, aunque sin éxito.

Navarro, que trabaja con la familia desde hace cinco meses, insiste en que «no existe ningún motivo grave para separar al menor de sus padres». «He visto muchos casos y nunca me había enfrentado a una situación así», asegura. A su juicio, una medida de este tipo solo puede adoptarse cuando concurren circunstancias «muy graves».

"Se han realizado todas las condiciones exigidas por Servicios Sociales y pese a ello siguen ignorando a las familias"

María Teresa Navarro

— Abogada

«Llevo tutelas relacionadas con delitos graves, problemas de estupefacientes o alcoholismo, pero aquí no hay nada de eso», afirma. Además, sostiene que ha rebatido «uno por uno» todos los argumentos utilizados para declarar el desamparo del menor y se pregunta por qué, pese a ello, «todavía no le devuelven el niño a la familia».

Cambios en la vivienda

Navarro, en la misma línea de lo explicado por la familia a este diario, recuerda que la pareja reside con los padres del menor, que en todo momento han manifestado su apoyo. El padre de Carlos cuenta con un empleo estable desde hace más de dos décadas, mientras que el joven trabajó durante el verano y actualmente se encuentra en búsqueda activa de empleo.

Además, la familia realizó algunos cambios en la vivienda antes de la llegada del bebé. «La habíamos pintado entera y comprado muebles y colchones para cuando llegara el bebé», recordaba Andrea. Navarro, en este aspecto, añade que «Servicios Sociales reconocía que han hecho cambios en la vivienda, pero no son suficientes». En sus palabras, «se han realizado todas las condiciones exigidas por Servicios Sociales y pese a ello siguen ignorando a las familias».

Además, recuerda, en referencia al informe, que «los recursos económicos limitados no son suficiente para apartar a los niños de sus familias de origen. La pobreza no puede ser un motivo». Por ello, concluye que «no hay ningún motivo grave para separar a Andrea de su hijo. Se han negado a todo y no les han dado ninguna oportunidad».

Pese a todo lo vivido, Andrea y Carlos insisten en que cumplirán con todas las medidas y requisitos que les sean solicitados. Levante-EMV ha intentado ponerse en contacto con la alcaldesa de la localidad, Yolanda Pastor, y con la concejala de Servicios Sociales, Teresa Tur, aunque por el momento no ha obtenido respuesta.

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