El Consell sostiene que la tutela del bebé de Oliva se basa en informes municipales “contundentes” y se compromete a revisar el expediente

La lucha de Andrea Navarro y Carlos García, dos menores de Oliva que se convirtieron en padres con 16 y 17 años respectivamente con el respaldo de su familia, continúa más firme que nunca. Como adelantó Levante-EMV, la Conselleria de Servicios Sociales emitió a mediados de junio de 2025 una resolución de desamparo, a raíz de los informes elaborados por el Ayuntamiento de Oliva, por la que la Generalitat asumió la tutela de José -nacido el 14 de junio- y activó su acogimiento temporal.

Desde entonces, los progenitores aseguran desconocer el paradero del bebé y denuncian no haber recibido ninguna fotografía ni información sobre su estado durante este último año. De hecho, la abogada de la familia, María Teresa Navarro, ha solicitado que se declare judicialmente la nulidad de la tutela, el acogimiento y todas las actuaciones llevadas a cabo por la administración.

Tras conocer la situación de esta pareja, la directora general de Familia, Infancia y Adolescencia, Angélica Gemma Such, se reunió ayer con Andrea, Carlos, su abogada y las técnicas municipales para abordar el caso y conocer cuáles son los pasos que se pueden llevar a cabo para revertir la situación.

La Conselleria de Servicios Sociales ha reconocido a este diario que “no se va a adoptar ninguna medida hasta que no se analicen todos los informes y el caso de manera detallada”. En este sentido, la directora trasladó a los afectados un mensaje de “tranquilidad” durante el encuentro.

Asimismo, fuentes de la conselleria subrayan que “es importante cumplir las pautas y colaborar con los Servicios Sociales del consistorio”, ya que, según indican, “no existe ninguna medida definitiva”, si bien insisten en la necesidad de seguir el proceso y analizar la evolución del caso.

La conselleria, por su parte, ha insistido en que la Generalitat asumió la tutela del bebé y activó su acogimiento temporal porque “los informes son contundentes” y es necesario seguir los criterios técnicos establecidos. Añaden que “si no se siguieran, sería una prevaricación”.

Cabe recordar que la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, expresó en declaraciones a este medio su apoyo a la pareja en “esta dramática situación”, aunque subrayó que la última decisión correspondía a la conselleria. Estas manifestaciones ya habían sido rebatidas por la familia y por la abogada que lleva el caso.

No obstante, la directora general de Familia, Infancia y Adolescencia mostró durante la reunión "la voluntad de explicarles la situación para que entiendan el proceso". En sus palabras, "les hemos mostrado el camino que deben seguir y que no les vamos a dar la espalda porque nuestra misión es ayudar y nos preocupa este tipo de casos".

En relación con la ausencia de visitas, la conselleria ha vuelto a remitirse a “los informes contundentes, que deben trabajarse desde el ayuntamiento”. No obstante, lamenta que, en algunos casos -tal y como ya informó este diario— se hagan referencia a situaciones antiguas.Por su parte, tanto la familia como su abogada sostienen que los informes de Servicios Sociales incluyen hechos de hace 15 años que no afectarían directamente ni a Andrea Navarro ni a Carlos García.

La conselleria ha trasladado a este diario su disposición a analizar el caso, aunque recalca que “el ayuntamiento debe tomar cartas en el asunto porque es ahí donde se tiene que solucionar”. No obstante, añade que “vamos a colaborar en todo lo que podamos”.

Como ya informó este diario, el informe señalaba que ambos progenitores son menores de edad y que presentan «inmadurez personal y emocional», además de carecer de recursos y habilidades suficientes para ejercer de padres de forma responsable. También apuntaba a la falta de una red de apoyo estable y consideraba que la familia extensa no reunía las condiciones adecuadas debido a antecedentes de negligencia y conflictividad.

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