El Consell plantea relevar a las trabajadoras sociales en el caso del recién nacido separado de sus padres en Oliva

Dos psicólogos de la Conselleria de Servicios Sociales se reunieron el pasado lunes con Andrea Navarro y Carlos García, los menores de Oliva de 16 y 17 años que fueron padres el pasado 14 de junio con el respaldo de sus familias, con el objetivo de evaluar su situación actual y definir los próximos pasos del procedimiento.

La reunión se produjo apenas unos días después de que la directora general de Familia, Infancia y Adolescencia, Angélica Such, mantuviera un encuentro con los dos progenitores, su abogada, María Teresa Navarro, y las técnicas municipales que han intervenido en el caso.

Cabe recordar que, tal y como adelantó Levante-EMV, la conselleria declaró en situación de desamparo al recién nacido mediante una resolución emitida a mediados de junio de 2025 a partir de los informes elaborados por el Ayuntamiento de Oliva. Como consecuencia de esta decisión, la Generalitat Valenciana asumió la tutela de José, nacido el 14 de junio, y acordó su acogimiento temporal. Desde entonces, los padres aseguran desconocer el paradero del bebé y afirman que no han podido mantener ningún tipo de contacto.

Tras la reunión del lunes, y según sostienen tanto los progenitores como su letrada, la conselleria ha solicitado al Ayuntamiento de Oliva que el seguimiento del caso pase a manos de otras profesionales. "Parece que ahora se han implicado más y que el informe que elaborarán seguramente será favorable. Eso podría suponer un paso adelante para poder ver al bebé, aunque nos han advertido de que el proceso será largo", explica Andrea.

Durante el encuentro, que se prolongó cerca de una hora, Andrea y Carlos respondieron a todas las cuestiones planteadas por los psicólogos y trasladaron su desacuerdo con los informes que motivaron la declaración de desamparo. Dichos documentos, que la propia conselleria llegó a calificar de "muy contundentes", señalaban que ambos progenitores son menores de edad, presentan una supuesta "inmadurez personal y emocional" y carecen de recursos y habilidades suficientes para ejercer la parentalidad de forma responsable.

También apuntaban a la inexistencia de una red de apoyo estable y cuestionaban la idoneidad de la familia extensa por presuntos antecedentes de negligencia y conflictividad. "Les hemos contado todo lo que nos han preguntado y les hemos insistido en que los documentos hacen referencia a hechos del pasado, de hace catorce o quince años, que ya están archivados", asegura Andrea. La joven también trasladó a los responsables autonómicos su deseo de poder reunirse con su hijo cuanto antes. "Les dije que me gustaría pasar el verano con él", afirma.

Planes de futuro

Durante la reunión, ambos jóvenes expusieron sus planes de futuro. Según relatan, Carlos tiene previsto incorporarse próximamente a un puesto de trabajo, mientras que Andrea compatibilizaría sus estudios con el cuidado del bebé. "Yo iría tres horas al instituto y, mientras tanto, nuestros padres se quedarían con él. Después ya estaría en casa", explica.

Andrea agradece el trato recibido durante el encuentro y asegura que los responsables de la conselleria les trasladaron una imagen positiva de su entorno familiar. "Nos dijeron que somos una familia casera y respetuosa", señala. También quiso agradecer el apoyo recibido por parte de familiares, amigos y vecinos, quienes, según sostiene, siempre han respaldado su decisión de convertirse en padres.

Por su parte, la abogada María Teresa Navarro ha vuelto a solicitar al juzgado que autorice las visitas entre los progenitores y el menor. En escritos anteriores ya reclamó la suspensión inmediata de la tutela administrativa y la devolución del bebé a sus padres, además del establecimiento de un régimen de visitas. Según explica, durante la última reunión los representantes de la conselleria mostraron una actitud receptiva hacia estas peticiones. En este sentido, la propia conselleria a este diario que "no existe ninguna medida definitiva" respecto al futuro del menor.

Asimismo, Navarro asegura que la conselleria trasladará al Ayuntamiento de Oliva la conveniencia de que las anteriores trabajadoras sociales no continúen su intervención en el expediente. La letrada sostiene que durante el proceso se produjeron actuaciones que considera improcedentes y que la Generalitat desconocía. Entre ellas, menciona visitas domiciliarias realizadas con mascarillas tras haber pintado la vivienda familiar. Desde la conselleria, por su parte, han mostrado su preocupación por la situación que atraviesa la familia y han expresado su voluntad de revisar el caso.

Suscríbete para seguir leyendo