La familia del bebé tutelado de Oliva estudia acciones legales contra el ayuntamiento y el Consell por "separarles un año de él"

La familia de Andrea Navarro y Carlos García, los dos menores de Oliva que fueron padres con 16 y 17 años, respectivamente, y que aseguran haber contado desde el inicio con el respaldo de su entorno, mantiene su lucha por volver a reunirse con su hijo cuando está a punto de cumplirse un año de su nacimiento. Según sostienen, durante estos doce meses han desconocido el paradero del bebé y no han podido mantener ningún tipo de contacto con él.

Desde que Levante-EMV informara de que la Conselleria de Servicios Sociales dictó, a mediados de junio de 2025, una resolución de desamparo —basada en informes elaborados por el Ayuntamiento de Oliva— mediante la cual la Generalitat Valenciana asumió la tutela de José y activó una medida de acogimiento temporal, el entorno de la pareja se ha reunido con la directora general de Familia, Infancia y Adolescencia, Angélica Such, así como con dos psicólogos de la conselleria. El bebé fue separado de sus padres en el Hospital Francesc de Borja de Gandia a los pocos días de su nacimiento y, desde ese momento, no han tenido ninguna novedad.

Paralelamente, y a la espera del juicio previsto para los próximos días, la familia ha solicitado el relevo de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Oliva encargadas del caso. Según ha explicado su abogada, Teresa Navarro, piden que la intervención pase a depender directamente de los trabajadores sociales de la Dirección Territorial de Servicios Sociales, Familia e Infancia.

"Nos preocupa que los trabajadores sociales de la zona se conozcan entre sí y que eso pueda dificultar que se cuestionen o contradigan determinados informes, ya que consideramos que, en algunos casos, puede existir cierto corporativismo", señala la letrada.

Además, la familia ha dado un paso más y estudia emprender acciones legales por, en sus palabras, una "presunta prevaricación por omisión tanto del Ayuntamiento de Oliva como de la Conselleria de Servicios Sociales". En concreto, plantean interponer una querella al considerar que ambas administraciones podrían haber incumplido presuntamente su obligación legal de actuar en determinadas circunstancias. "Su trabajo es ayudar a la gente vulnerable", sostiene Navarro.

La letrada expresa además su malestar por cómo se ha desarrollado el procedimiento. "Cada vez que avanzamos, vemos más cosas que consideramos incorrectas. Por eso vamos a estudiar esta querella con la ayuda de abogados penalistas, porque entendemos que se les ha privado del derecho a estar con el bebé durante este primer año", afirma. Y añade: "No nos vamos a callar. Alguien tiene que responder por estos casi doce meses".

La abogada recuerda también que "todas las leyes de acogimiento tienen como objetivo prioritario, siempre que sea posible y beneficioso para el menor, favorecer el retorno del niño a su entorno familiar".

Conseguir visitas

En paralelo, y a la espera del resultado del juicio, la familia intenta concertar una visita con el menor. Según relatan, durante una reunión reciente la directora general de Familia, Infancia y Adolescencia, Angélica Such, les trasladó que "iban a buscar la forma de poder organizar ese encuentro".

Navarro recuerda que el menor cumplirá un año en los próximos días. "Esperamos que se pongan las pilas porque esa tarta de cumpleaños la tendría que soplar con sus padres, que deberían tener miles de fotos de José. Nadie lo va a querer más que su familia", concluye.

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