El precio de la propaganda: una tasa de basura cada vez más cara

Estos días, muchos vecinos de Gandia han abierto el recibo de la basura con una mezcla de sorpresa, enfado e impotencia. Otra subida. Otro golpe al bolsillo. Y la misma pregunta: ¿por qué pagamos cada vez más si la ciudad no está más limpia?

El recibo vuelve a subir. En muchos casos, un 13,5 % respecto al año pasado. Las familias tienen que hacer otro esfuerzo. Los autónomos tienen que asumir otro gasto. Los comercios vuelven a pagar más. Nos cobran servicios públicos de primera, pero demasiadas veces recibimos servicios públicos cada vez más pobres. Pagamos más impuestos, más tasas y más recibos, mientras la calidad de aquello que recibimos no mejora.

Y cuando los ciudadanos preguntan, siempre aparece una excusa. La culpa es del Consorcio. La culpa es de la ley. La culpa es del Gobierno de España. La culpa es de Europa. La culpa siempre es de otro. Pero, ¿quién gobierna Gandia? José Manuel Prieto y el Partido Socialista. ¿Quién debe defender los intereses de los vecinos de Gandia? José Manuel Prieto y su Gobierno socialista. ¿Y quién es vicepresidente segundo del Consorcio de Residuos? También José Manuel Prieto.

Lo más grave es que Prieto no acudió a la asamblea en la que se aprobaron las nuevas tarifas. No estuvo allí para votar en contra. No estuvo allí para defender a las familias de Gandia. No estuvo allí para exigir explicaciones ni para plantar cara ante una subida que ahora critica públicamente.

Porque defender a Gandia no consiste solamente en ponerse delante de una cámara cuando los recibos ya han llegado a las casas. Defender Gandia significa acudir a las reuniones, votar, presentar alternativas y pelear cada euro que tienen que pagar los vecinos. Quien ocupa un cargo tiene que ejercerlo.

Prieto es alcalde de Gandia y vicepresidente segundo del COR. Si realmente estaba en contra de la subida, tenía la obligación política de estar presente y dejar clara su oposición. Su ausencia demuestra, como mínimo, una preocupante falta de voluntad para defender hasta el final los intereses de los gandienses.

La ley estatal de residuos impulsada durante el Gobierno de Pedro Sánchez obliga a cubrir el coste del servicio mediante una tasa específica. El Gobierno socialista de Gandia conocía esta obligación. Sabía que llegaría. Sabía que una mala separación de los residuos encarecería el tratamiento. Sabía que había que prepararse.

Gandia llega tarde a la separación de los residuos orgánicos. Llega tarde a la implantación generalizada del contenedor marrón. Llega tarde a la planificación. Llega tarde a las medidas que podrían reducir la basura mezclada y abaratar su tratamiento. Pero los recibos siempre llegan puntuales. Para cobrar nunca se llega tarde. Y ahora la factura vuelve a recaer sobre los mismos: los vecinos.

Queremos calles limpias, contenedores cuidados, menos malos olores y barrios atendidos. Queremos que el dinero que sale de nuestros bolsillos se note cuando abrimos la puerta de casa.Y queremos un alcalde que dé la cara cuando toca, no cuando ya es demasiado tarde.

Prieto puede culpar a otras administraciones, pero no puede borrar su responsabilidad como alcalde y vicepresidente del Consorcio. Si estaba en contra de la subida, debía haber acudido y votado en contra. Gandia merece un gobierno que defienda a sus vecinos con hechos y no solo con palabras. Porque cobrar más mientras la ciudad sigue igual no es mejorar un servicio, es hacer que los ciudadanos paguen las consecuencias de llegar siempre tarde y mal.

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