El proceso extraordinario de regularización de migrantes se cierra en Gandia con 1.759 solicitudes

El martes finalizó el plazo de admisión de solicitudes para el proceso extraordinario de regularización de migrantes que puso en marcha el Gobierno de España a mediados de abril. Gandia ha sido uno de los ayuntamientos que ha colaborado con el mismo, y ya hay un primer balance. Durante este periodo en los siete centros municipales habilitados se han tramitado 1.759 solicitudes, de las cuales 1.743 han requerido certificados de vulnerabilidad.

Esta cifra supone el 2% de la población empadronada en la ciudad, y es ligeramente inferior a las previsiones que manejaba el Gobierno de Gandia, que esperaba dos mil casos.

El ayuntamiento puso en marcha un dispositivo especial que ha supuesto la coordinación de varios departamentos municipales, incluyendo Padrón, Informática, Modernización y Bienestar Social, y la apertura de varios centros, también por las tardes, repartidos en los barrios.

Los primeros días se generaron colas matutinas en la Oficina d'Atenció a la Ciutadania, en la calle Carmelites, pero estas se fueron diluyendo conforme avanzaba el proceso. Cabe recordar que los ayuntamientos expedían documentos necesarios como el certificado de padrón o el de vulnerabilidad, pero el registro final se tenía que hacer en dependencias del Gobierno de España, en el caso de Gandia en Correos o en la Seguridad Social.

Mancomunitat

Por otra parte, la Mancomunitat de Municipis de la Safor ha emitido 351 informes de vulnerabilidad. La mayoría, 253, ha sido en la Oficina Pangea, y el resto, 98, a través de los técnicos de Servicios Sociales. La mayoría ha sido hombres, la edad media ha rondado los 38 años y las principales nacionalidades han sido Colombia y Marruecos.

A estas cifras habría que sumarles los datos de las oenegés colaboradoras en este proceso con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estas han sido el CDR La Safor, la Fundación Convive-Cepaim, la asociación Anafa, de cooperación con Senegal, y Cáritas Interparroquial, que se sumó a última hora. Por ahora estas entidades no han hecho un recuento definitivo, aunque tampoco serán cantidades significativas.

La concejala de Bienestar Social, Inma Rodríguez, en una valoración del mismo, comenta que el proceso se ha desarrollado en Gandia "con tranquilidad, porque habíamos hecho los deberes por anticipado", y agradece el esfuerzo de los técnicos municipales, hasta 70 funcionarios involucrados.

Por otra parte, recordó que se trata de personas "que ya convivían en Gandia", a las que se les otorgarán los permisos de residencia y trabajo. "Dejarán de tener contratos en B, y por tanto tendrán más derechos, pero también obligaciones", afirmó.

La concejala aprovecha para desmentir algunos bulos esparcidos sobre este proceso, como un supuesto colapso de los servicios sociales, el acceso al voto o a la nacionalidad española, o el aumento de la delincuencia: "Me parece un proceso de justicia social y es una excelente oportunidad para mejorar la integración de las personas migrantes".

En Tavernes de la Valldigna los Servicios Sociales han emitido 148 informes de vulnerabilidad, informa el ayuntamiento. El Ayuntamiento de Oliva realizó 200 atenciones, con 108 certificados de vulnerabilidad.

Este proceso del Gobierno de España ha coincidido en Gandia con un endurecimiento de la ordenanza del padrón, aprobada en el pasado pleno. Entre otros aspectos se formalizan los controles que ya se estaban aplicando y se limita a ocho las personas empadronadas en una misma vivienda, si procedan de diferentes núcleos familiares.

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