Torró, Morant, Orengo y Prieto, una historia de ofensivas judiciales que no pasaron de la fase de instrucción

La sentencia absolutoria del Tribunal Supremo por el conocido como "caso Tele 7" al exalcalde de Gandia Arturo Torró y al empresario Ricardo Faura, ambos fallecidos, continúa marcando la agenda de la política local.

Por lo que respecta al político del PP, asesinado hace año y medio en circunstancias que siguen investigándose, esta ha sido la única causa relacionada con su etapa en la vida pública por la cual llegó a sentarse en el banquillo de los acusados, y la única que llegó a la Audiencia Provincial tras años de insistentes denuncias y recursos.

Sin embargo, la legislatura del PP en Gandia, entre los años 2011 y 2015, y la posterior, cuando los socialistas recuperaron el poder gracias al voto de un edil de Ciudadanos, fueron años de ajustes de cuentas entre unos y otros, de poner el retrovisor y de judicialización de la vida política local.

A grandes rasgos, entre 2011 y 2015 los socialistas, con Diana Morant como portavoz del grupo municipal, y Vicent Mascarell como su lugarteniente, en la oposición, recurrieron a la justicia para exigir una transparencia en su labor de fiscalización que les dificultaba Torró, mientras que en los años posteriores Torró trató de defenderse, interponiendo querellas varias contra Morant, ya alcaldesa, después de que la izquierda apostara por levantar alfombras, abrir ventanas, y recuperar dinero municipal supuestamente malversado, como en el "caso Tele 7" o los relacionados con las empresas públicas de Gandia (IPG), ya extinguidas.

Además del "caso Tele 7", que José Manuel Prieto también ha mantenido vivo en los tribunales, los socialistas en el ayuntamiento denunciaron en el Tribunal de Cuentas y en un juzgado mercantil de València a Torró y a otros cargos del PP por su gestión al frente de IPG, estimando que debían devolver de manera solidaria 3,5 millones de euros.

Las querellas de Torró empezaron el mismo día en que Diana Morant tomó posesión como alcaldesa. Ese 13 de junio de 2015 Morant ordenó que se impidiera acceder a dependencias municipales todo el fin de semana para evitar que cargos del PP destruyeran "información sensible". Torró se querelló y el juez abrió una investigación al respecto. Aquí Diana Morant sí declaró en el Juzgado de Instrucción 3 de Gandia, el 15 de enero de 2017.

El edificio "maldito" de la calle Perú también le sirvió a Torró para intentar encausar a Morant y de paso torpedear su ascendente trayectoria política. En una enrevesada argumentación Torró consideraba en este caso que la hoy ministra causó un perjuicio al Ayuntamiento de Gandia al haberse opuesto, con su presencia física, al desahucio de una mujer vulnerable que vivía en este edificio. Los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2015, cuando Morant apenas llevaba dos semanas como alcaldesa tras los cuatro años del PP en el poder. En este caso Torró también trató de implicar a José Manuel Prieto. La denuncia fue archivada.

En marzo de 2021, cuando ya Torró era un militante del PP de base y había vuelto a centrarse en sus negocios, la falta de un pacto para evitar que el ayuntamiento ejerciera la acusación particular en el "caso Tele 7" motivó que Torró presentara otra querella contra Diana Morant y otros cargos de IPG, acusándoles de cometer delitos en el proceso de liquidación de las empresas públicas.

Orengo y Torró

Pero, si nos remontamos más atrás, Torró también quiso ser justiciero contra el socialista José Manuel Orengo, su antecesor en el cargo, abriendo algunos melones judiciales que también se quedaron en la fase de instrucción.

En el llamado "caso Innova" Torró, ya siendo alcalde, acusó a Orengo de desviar para gastos diversos del ayuntamiento una subvención del Ministerio de Industria destinada a construir un edificio dedicado a la innovación e investigación. Torró, hiperbólicamente llegó a compararlo con el "caso Malaya", el saqueo del Ayuntamiento de Marbella, aunque lo cierto es que tampoco prosperó, ni hubo indicios de apropiación indebida.

En el "caso de los préstamos bancarios" Torró, siempre a través de los servicios jurídicos municipales, acusó a Orengo y a la exconcejala de Hacienda Ana García de prevaricación por haber firmado préstamos por valor de decenas de millones de euros sin el aval de la Conselleria de Hacienda. Aquí Orengo sí que llegó a declarar como imputado, pero fue una victoria transitoria para el alcalde popular, puesto que el caso fue anulado en abril de 2015.

Torró también se querelló por injurias y calumnias contra Orengo después de que el socialista le llamara "mafioso". La querella fue desestimada en 2014 por la Audiencia Provincial, argumentando, con jurisprudencia del Supremo, que el término "mafioso" no tiene trascendencia penal.

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