Un juzgado obliga al Ayuntamiento de Gandia a facilitar al PP el acceso al Libro de Decretos para ejercer su labor de control y fiscalización

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia ha ordenado al Ayuntamiento de Gandia permitir al Grupo Municipal Popular el acceso al Libro de Decretos a través de la plataforma informática municipal Gestiona. La sentencia estima el recurso contencioso-administrativo presentado por el portavoz del PP, Víctor Soler, al considerar que el consistorio vulneró su derecho fundamental como concejal al impedirle ejercer plenamente sus funciones de control y fiscalización del gobierno municipal.

El fallo insta al ayuntamiento a habilitar el acceso a este registro oficial, en el que se archivan de forma cronológica y numerada todas las resoluciones y decretos dictados por el alcalde y los concejales delegados. Se trata de un documento esencial para el funcionamiento de la administración local y una herramienta clave para garantizar la transparencia y el control de la acción de gobierno.

La resolución concluye que el consistorio ha vulnerado el derecho fundamental del edil al ejercicio de su cargo, por lo que ordena facilitarle el acceso al Libro de Decretos a través de Gestiona en las condiciones solicitadas. Además, condena al consistorio al pago de las costas procesales, dentro del límite fijado por el propio fallo.

Según recoge la sentencia, Soler solicitó disponer de acceso diario y permanente al Libro de Decretos mediante su usuario de concejal en Gestiona. Defendía que ese acceso forma parte de su labor de control del gobierno municipal y recordaba que la legislación valenciana reconoce expresamente a los concejales el derecho a consultar los libros de resoluciones de la alcaldía sin necesidad de autorización previa.

Asimismo, argumenta que no pretendía acceder a todos los expedientes municipales, sino únicamente al Libro de Decretos, cuyo acceso quedaría registrado y sometido al deber de confidencialidad inherente a su cargo.

Postura del ayuntamiento

El ayuntamiento sostiene, como se recoge en el fallo, que no había negado el derecho a la información, sino únicamente la modalidad de acceso solicitada, al entender que era incompatible con la normativa de protección de datos. Según defiende, un acceso permanente a Gestiona podría permitir consultar información excesiva, exportar documentos o acceder a datos personales de terceros, por lo que se vulneraría así el principio de minimización de datos recogido en el Reglamento General de Protección de Datos.

Sin embargo, la sentencia recuerda que el derecho de los concejales a acceder a la información necesaria para ejercer sus funciones está amparado por el artículo 23 de la Constitución, que protege el ejercicio efectivo de los cargos públicos representativos. El juzgado subraya que la labor de control político exige disponer de la información necesaria y que impedir ese acceso de forma injustificada vulnera, como se recoge, un derecho fundamental.

Además, considera que el consistorio fundamentó su negativa en una resolución referida al acceso generalizado al gestor de expedientes municipales (Gestiona), mientras que Soler solicitaba únicamente el acceso al Libro de Decretos, un hecho al que la sentencia reconoce un régimen jurídico diferenciado.

Reacciones

Tras conocerse la sentencia, Víctor Soler ha calificado el asunto de "muy grave", al considerar que el Libro de Decretos constituye "una de las principales herramientas que tenemos los concejales de la oposición para fiscalizar la acción de gobierno".

El portavoz popular ha recordado que ha solicitado reiteradamente el acceso por los cauces ordinarios, pero que siempre ha obtenido una respuesta negativa. "Nos obligaron a acudir a los tribunales para conseguir un derecho que ya nos reconocía la ley y hoy la Justicia nos da completamente la razón", afirma.

Soler añade que "si a la oposición se le niega la información necesaria para controlar al Gobierno, se le está impidiendo hacer el trabajo para el que nos han elegido más de 10.000 gandienses".

Por su parte, el concejal Miguel Ángel Picornell ha respondido que "el portavoz del PP sabe perfectamente que el ayuntamiento defiende una postura avalada por Gestiona, la empresa responsable del sistema informático que da soporte a la documentación del Ayuntamiento de Gandia y de cientos de administraciones". Según explica, la decisión se ha adoptado según los criterios de la empresa encargada de garantizar la seguridad del sistema y de los datos personales.

"Soler vuelve a las andadas y genera una polémica basada en medias verdades, utilizando únicamente los datos y los hechos que le interesan", afirmó. "No vulneraremos los derechos de nadie y tenemos la obligación de proteger a nuestros vecinos y sus datos", añade.

El Ayuntamiento de Gandia ha anunciado que la sentencia no es firme y que será recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

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