Suspenden en Gandia un desahucio de una familia con tres menores: "La dueña quería cobrarme 850 euros para que me fuera"

No estaba claro que hoy Said y su familia, con cuatro hijas, tres de ellas menores, pudieran seguir viviendo de alquiler en Gandia, en un piso de la calle Josep de Ribera, en el popular barrio de "Las 500". Allí estaban apostados, desde las diez y media de la mañana, una veintena de activistas del Sindicat de l'Habitatge de la Safor, que habían llamado en los días previos a la movilización para apoyarles. Pero existía una condena judicial previa por impago y este era el segundo intento de desahucio, tras haberles advertidos la policía.

De hecho, Said ya tenía empaquetados sus enseres en el pasillo del portal, incluso una lavadora nueva, ya que la del piso se rompió y la dueña se negó a reparar. Pero, de forma paralela, en los últimos días, él también ha intentado buscar, sin éxito, otra vivienda de alquiler. Estaba casi todo preparado, incluso el cerrajero. Finalmente, ante la protesta del Sindicat y debido a la falta de refuerzos de la Policía Nacional para actuar, según reconocieron desde el propio cuerpo policial a la comitiva judicial, el lanzamiento se ha aplazado para el próximo 28 de julio.

El piso es propiedad de una particular que desde hacía meses había iniciado un proceso judicial. Esta mañana se han presentado allí una prima hermana de la casera, Lola, y un acompañante, en calidad de representantes, puesto que la propietaria reside en las Islas Canarias.

Existen, por tanto, dos versiones. Said explica que lleva casi diez años viviendo allí, pagando religiosamente la renta que, como es lógico, se ha ido actualizando con los años. Actualmente estaba abonándole 380 euros mensuales por un cuarto piso, todo por transferencia bancaria y a través de una agencia inmobiliaria. Pero todo empezó cuando hace año y medio la casera, según relata, le quiso aumentar el precio hasta los 850 euros, un precio que él interpretó como abusivo para una zona así. "Nos lo subió tanto para que nos fuéramos", asegura. Él se negó y dejó de pagar entonces, acumulando una deuda de cinco meses.

Said (46 años), de origen marroquí, lleva 26 años viviendo en Gandia. Se casó en Marruecos y después llegó a España. Tiene cuatro hijas, de 5, 8, 14 y 19 años, integradas y escolarizadas en el barrio. Es autónomo y se dedica a la venta productos en rastros. Asegura que tendría ingresos para pagar un alquiler, porque la hija mayor también trabaja. "He visitado inmobiliarias y no he encontrado nada, tampoco tengo a nadie que me pueda ayudar", dice. Hubo un juicio verbal rápido, que Said perdió. A partir de ahí tuvo un primer intento de desalojo, el 25 de mayo, que se aplazó a hoy, 6 de julio.

Por su parte, Lola asegura que la deuda es mayor, "de más de un año", y que la dueña de la vivienda no está dispuesta a seguir alquilándole porque "este señor nos ha tomado el pelo". Niega que su prima le haya pedido 850 euros. Y añade: "Mi prima es viuda y para ella es un complemento de ingresos, con estas leyes lo que consiguen es que los propietarios no alquilen sus viviendas".

Discusión en el portal

Con la llegada de la comitiva judicial se han vivido momentos de tensión, una discusión verbal entre Said y la prima de la propietaria en el portal, que finalmente no ha ido a más tras mediar y pacificar los activistas.

Desde el Ayuntamiento de Gandia la concejala de Bienestar Social, Inma Rodríguez, señala a este periódico que están pendientes de este caso: "Podemos ofrecerle ayudas para el pago del alquiler que encuentre, y también hemos instado a la Generalitat a que facilite algún piso de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, esperemos que se solucione pronto".

El portavoz del Sindicat de l'Habitatge, Adrià Picornell, denuncia que las instituciones "no están haciendo absolutamente nada, ni rebajar los alquileres, ni ofrecer viviendas sociales, se pasan la pelota de unos a otros, y cada vez hay más gente malviviendo en la calle".

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