El Supremo obliga al Ayuntamiento de Gandia a pagar 228.000 euros por el alojamiento de los afectados por el incendio de Marxuquera

El Ayuntamiento de Gandia deberá abonar 228.000 euros a la empresa Diadema S.L. por la cesión de 18 apartamentos turísticos destinados a acoger a los vecinos desalojados tras el incendio de Marxuquera de 2018. Así lo ha ratificado el Tribunal Supremo, que confirma las resoluciones dictadas previamente por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gandia y la Audiencia Provincial de Valencia.

Cabe recordar que el incendio, originado el 6 de agosto de 2018 en Llutxent, arrasó cerca de 3.000 hectáreas, obligó a desalojar a unas 2.600 personas y afectó a varios municipios de la Safor, entre ellos Ador, Barx y Gandia. En la capital comarcal, las llamas calcinaron alrededor de 900 hectáreas y ocasionaron importantes daños tanto en viviendas como en infraestructuras agrarias, por lo que algunos residentes tuvieron que ser desalojados.

Para dar respuesta a la emergencia, el consistorio, encabezado por la alcaldesa Diana Morant, realojó a los afectados en los apartamentos Biarritz, situados en la playa de Gandia, entre el 9 de agosto de 2018 y el 29 de enero de 2019. Aunque el consistorio ha sostenido durante todo el procedimiento que se trató de una cesión gratuita, sin obligación de abonar renta alguna, la empresa defendió que ambas partes alcanzaron un acuerdo verbal de arrendamiento y que, por tanto, el uso de los inmuebles debía ser remunerado.

Acta de entrega de llaves

El Tribunal Supremo avala esta tesis y confirma que el ayuntamiento deberá pagar un total de 228.555 euros: 223.086 euros por el alojamiento y 5.469 euros por los gastos derivados de suministros y recogida de residuos, además de los intereses legales y las costas del procedimiento.

La sentencia destaca que el único documento suscrito entre las partes fue el acta de entrega de llaves y subraya que en ningún momento se hace constar que la cesión tuviera carácter gratuito. Según la empresa, el ayuntamiento le aseguró que al día siguiente se formalizaría un convenio en el que se concretarían las condiciones del acuerdo, un documento que, sin embargo, y según recogen, nunca llegó a firmarse.

En este sentido, Diadema S.L. sostiene que "los días fueron pasando sin que nadie del ayuntamiento se pusiese en contacto con Diadema S.L. para formalizar y concretar el contenido de la cesión. Al final, y a pesar de múltiples requerimientos, no se formalizó por escrito el acuerdo verbal alcanzado por las partes".

Tras analizar las declaraciones de los testigos, el acta de entrega de llaves, la actuación consistorial, la duración de la ocupación y la actividad habitual de la empresa, el Tribunal Supremo concluye que debe aplicarse la presunción de onerosidad. Este principio jurídico establece que, salvo pruebas que dicten lo contrario, toda cesión de bienes o prestación de servicios se presume realizada a cambio de una contraprestación.

La sentencia, a su vez, incide en que Diadema S.L. es una sociedad dedicada al alquiler de apartamentos turísticos y que el ayuntamiento nunca logró acreditar de forma concluyente que la empresa hubiera aceptado ceder gratuitamente sus inmuebles durante un periodo de casi seis meses. Aunque la situación de emergencia podía justificar una ocupación gratuita durante los primeros días, el Alto Tribunal considera que esa excepcionalidad no puede extenderse a una utilización tan prolongada de los apartamentos.

La alcaldesa de Gandia en ese momento y actual secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha explicado en declaraciones a la Cadena Ser que "el ayuntamiento pagará ese dinero y lo hará con toda la satisfacción porque sirvió para realojar a las personas que necesitaban una casa". "Esa conversación la tuve yo. Me dieron las llaves y me dijeron que era gratuito. Si luego la empresa ha querido sacar ese dinero, lo ha hecho", explica.

Morant recalca que "otras empresas no han demandado nunca esa dinero. Si otras empresas y hoteles hubiesen querido pedir ese dinero, la cifra sería mucho mayor".

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