La ficción democrática

Las democracias no se rompen de golpe. Se convierten poco a poco en una ficción. Como la vida de Jean-Claude Romand en El adversario, la novela de Emmanuel Carrère. Todo comenzó con una mentira inofensiva que nadie interpretó como señal. Durante años, su vida conservó las apariencias de la normalidad: la ficción resultaba verosímil. Cuando empezó el derrumbe, ya era demasiado tarde. Las grandes construcciones físicas, morales o institucionales no caen por un golpe final, sino por una primera fisura que avanza sin que nadie la repare.

Anne Applebaum ha descrito este proceso al estudiar el deterioro democrático en distintos países. El desgaste institucional comienza cuando el poder deja de considerar a los jueces un contrapeso legítimo y empieza a presentarlos como un obstáculo político. Entonces la democracia empieza a parecerse a la vida de Romand: las instituciones conservan su apariencia, pero comienzan a perder su función. Esa es la ficción institucional.

La experiencia comparada muestra un patrón recurrente. Donald Trump convirtió la deslegitimación de jueces y fiscales en uno de los ejes de su estrategia política. En otros países, con gobiernos de distinto signo, el recorrido ha sido parecido: transformar el contrapoder en sospechoso para desactivar su función de control.

España no es inmune a esa lógica. En los últimos meses, hemos visto que cuando una resolución judicial incomoda al Gobierno, la respuesta suele ir más allá de la crítica jurídica y cuestiona la legitimidad del juez o del tribunal. La escalada suele ser gradual: se empieza insinuando prejuicios ideológicos en determinados jueces; se continúa atribuyendo a sectores judiciales la intención de desestabilizar al Ejecutivo y se termina presentando determinadas actuaciones como lawfare.

Mientras el debate se concentra en desacreditar a unos u otros jueces, siguen pendientes las recomendaciones del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) encaminadas a reforzar la independencia judicial y la transparencia. Son propuestas técnicas, no partidistas, que no encuentran espacio en el debate público. La confrontación ofrece más rédito inmediato que el fortalecimiento de las instituciones.

El término lawfare

No es una cuestión de derechas o izquierdas. Los partidos independentistas catalanes, especialmente Junts y Esquerra Republicana, llevan años utilizando reiteradamente el término lawfare. Hoy preocupa que ese mismo lenguaje haya sido asumido por el Gobierno.

La separación de poderes es el principal límite al Ejecutivo. Cuando se desacredita sistemáticamente a quienes deben controlar al poder, no solo se debilita una institución: empieza a construirse la ficción de que todo control es persecución.

España ofrece hoy un ejemplo especialmente ilustrativo de esta dinámica. Al igual que quienes rodeaban a Romand seguían creyendo en el médico que nunca fue, una democracia puede mantener intacta su arquitectura institucional mientras sus contrapesos empiezan a dejar de funcionar. Por eso inquieta que Pedro Sánchez haya presentado determinadas actuaciones judiciales como parte de una ofensiva política contra su Gobierno.

Tras el procesamiento del fiscal general del Estado la afirmación de que «hay jueces haciendo política» contribuyó a instalar esa narrativa. Que existan errores judiciales o resoluciones discutibles es inherente a cualquier Estado de derecho, y para corregirlos existen recursos y garantías. Muy distinto es sostener que el aparato judicial actúa deliberadamente para perseguir adversarios políticos. Invocar el lawfare exige pruebas muy sólidas. Convertirlo en eslogan político no fortalece la democracia: alimenta la ficción de que cualquier límite al poder es ilegítimo.

Problema político y cívico

El problema no es solo político; es también cívico. Si el Gobierno insinúa reiteradamente que los jueces actúan por intereses partidistas, se debilita la confianza en la institución encargada de controlar al poder. En España esta lógica tampoco es patrimonio de un solo partido, aunque hoy preocupa especialmente que el Gobierno adopte ese lenguaje. Una justicia percibida como hostil pierde credibilidad; una justicia percibida como dócil deja de ser justicia. En ambos casos la apariencia sigue intacta, pero la función desaparece. La institución continúa; nace la ficción.

Como en la vida de Jean-Claude Romand, el derrumbe nunca empieza con el último engaño, sino con la primera mentira que nadie quiso mirar.

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