Un verano sin protestas ni cadenas humanas en las playas al sur de Gandia: este es el motivo
La asociación Salvem les Platges y los ayuntamientos afectados están a la espera de la adjudicación del proyecto de regeneración del litoral y prefieren mantener un tono reivindicativo bajo
Cadena humana que se formó en el verano de 2023 a la altura de la playa de Miramar. / Levante-EMV
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Ni la asociación Salvem les Platges al Sud de Gandia, ni los cinco ayuntamientos afectados por la regresión de la arena en esta zona litoral de la Safor; Daimús, Guardamar, Piles, Bellreguard y Miramar, han convocado este verano acciones de protesta para reclamar al Gobierno de España, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, la solución definitiva que esperan tantos años con el fin de evitar la erosión.
La última cadena humana fue el 20 de julio de 2024, y se hizo de manera simultánea en otras zonas del litoral español, es decir, sumándose a una convocatoria genérica. También hubo protestas en Tavernes de la Valldigna. La de 2023 fue una de las más multitudinarias. En 2022 se logró incluso implicar a la hostelería; trabajadores y responsables de bares, restaurantes y chiringuitos se vistieron con camisetas reivindicativas y subieron las fotografías a redes sociales.
La razón por las que este verano las cosas están más tranquilas es que los convocantes de estas movilizaciones prefieren ser prudentes, puesto que están a la espera de que aparezca en el BOE la adjudicación del proyecto de regeneración, tras haber obtenido una Declaración de Impacto Ambiental favorable y haber aceptado Costas la mayoría de las alegaciones que presentó la asociación.
Por tanto, aunque estas manifestaciones siempre han tenido un tono festivo y de «comboi», y han contado con la implicación del turista, ambas partes prefieren no hacer ruido, ya que el problema podría entrar en vías de solución.
Otro motivo por el que no hay tanto malestar es que estos arenales, pese a su vulnerabilidad, están mucho mejor que hace un par de años, tal y como confirman los propios alcaldes. No ha habido temporales de levante y las playas, poco a poco, se ha ido regenerando de manera natural. Ahora bien, eso no es ninguna garantía, puesto que si este otoño se produjera alguno, la arena se esfumaría. Ya se ha visto con el temporal Harry, en Tavernes de la Valldigna.
«Estamos mejor, sí, pero todavía no hemos recuperado lo que perdimos con el temporal Gloria de 2020», matiza el alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz. En Daimús el escaso cordón dunar que se salvó del ladrillo, y que el ayuntamiento mima pese a la presión de los visitantes en verano, está teniendo un efecto de freno y acumulación de áridos, señala su alcalde, Robert Miñana. Uno de los puntos más críticos sigue siendo la parte central de la playa de Piles.
El presidente de la asociación Salvem les Platges, Javier Cremades, confirma que no está prevista ninguna acción de protesta este verano por las razones esgrimidas. «Además, organizar esto no es fácil, requiere de mucha coordinación y de que los ayuntamientos también animen», apunta.
Ahora bien, la asociación mantiene su tradicional asamblea anual, que se hará en Bellreguard como siempre en agosto, para reunir también a los socios que veranean, en una fecha todavía por determinar. Allí se aprovechará para presentar el proyecto de Costas.
Satisfacción con Costas
Cremades esta satisfecho con el proyecto que finalmente salió de Costas para su ejecución. Como ya informó este periódico es una «solución blanda» que finalmente no incorpora arrecifes artificiales, pero que propicia la creación de un gran cordón dunar en toda esta franja, con un enorme aporte de arena de hasta 1,3 millones de metros cúbicos. El proyecto va desde la desembocadura del río Serpis, en Gandia, hasta el dique de protección del puerto deportivo de Oliva, en total 8 km.Iniciado en 2022, se mejoró con las alegaciones presentadas en 2025 por la asociación y los ayuntamientos.
El sur no es la única zona con problemas. Uno de los puntos críticos del litoral valenciano es la playa de Tavernes de la Valldigna. El reciente informe de Greenpeace «Destrucción a toda costa 2026» constató que la playa ha pasado de tener 50 metros de arena seca en la década de 1960 a apenas cinco metros en la actualidad.
En contra de que la «primera ola» de un temporal fije el deslinde
La asociación que preside Javier Cremades, y que a su vez forma parte a nivel nacional de la entidad Som Mediterrània, está en contra de los criterios que maneja el actual Gobierno central para modificar el Reglamento General de Costas, para sustituir al que rechazó el Tribunal Supremo. En especial critican la pretensión del ministerio de que la primera ola máxima de un solo temporal sea la que determine el dominio público marítimo terrestre. La entidad, en la misma línea que el Consell y otras autonomías españolas costeras, consideran que debería prevalecer, como hasta ahora, la media de cinco temporales en un intervalo de cinco años, cosa que ofrecería más garantías jurídicas, en su opinión, a los propietarios.
El proyecto está en periodo de información pública y la asociación no descarta presentar alegaciones. La aplicación de este nuevo criterio supondría que, si un temporal extraordinario o una ola extrema alcanza una línea de edificación consolidada, los terrenos afectados pasarían automáticamente a integrarse en el dominio público marítimo terrestre (DPMT). Esto se traduce, según la entidad, en una privación sobrevenida del derecho de propiedad privada, transformándose en un régimen concesional temporal, lo que genera un escenario de profunda inseguridad jurídica para los titulares afectados.
Consideran, además, que los establecimientos comerciales en los municipios litorales se verían sometidos a una incertidumbre constante ante la eventual revisión del DPMT tras episodios meteorológicos excepcionales,y supone un freno para lacompetitividad del sector turístico.
Al margen de reivindicar la regeneración de las playas, preservar las construcciones existentes es otra batalla de esta asociación. En este sentido, ven con buenos ojos la nueva Ley de Costas valenciana y la figura del «núcleo de especial valor etnológico», que podría salvar, por ejemplo, el conjunto de viviendas de la Mitja Galta, en la playa de Oliva.
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