Desahucian a una familia de Gandia con cuatro hijas al tercer intento por impago de alquiler

A la tercera fue la vencida. Said, su mujer y sus cuatro hijas, tres de ellas menores, han tenido que abandonar la casa en la que vivían de alquiler desde hace más de una década en Gandia, en el barrio de "Las 500", tras consumarse el desahucio por impago de la renta. Se trata de un enconado conflicto entre la propietaria y el inquilino, que se remonta a hace más de un año, y en el que ha tenido que mediar tanto la Justicia como los Servicios Sociales.

Existe incluso una condena judicial tras un juicio rápido, pero la condición de vulnerabilidad de esta familia numerosa había alargado los plazos del desalojo. El primer intento fue el 26 de mayo. El segundo fue el pasado 6 de julio pero, ante la protesta de activistas del Sindicat de l'Habitatge de la Safor, por un lado, y debido a la falta de refuerzos adecuados de la Policía Nacional, por otro, se acordó aplazarlo a hoy, día 28, a las nueve de la mañana.

Media hora antes los activistas del Sindicat habían convocado una protesta. Sin embargo, a diferencia de la vez anterior, esta mañana, a cada uno de los extremos de la calle peatonal Pintor Josep de Ribera, donde está la vivienda, había sendos cordones de la Policía Nacional. Solo dejaban pasar a los vecinos y a las personas relacionadas con el litigio. Hasta 14 agentes se desplazaron al lugar con dos furgones para velar por la seguridad y hacer cumplir la orden judicial, pero no ha sido necesario usar la fuerza, puesto que Said, el inquilino, acabó firmando el desalojo voluntario.

Un par de horas antes esperaba en el portal entre abatido y nervioso. La concejala de Bienestar Social, Inma Rodríguez, se personó en el lugar y mantuvo una conversación con él. La comitiva judicial llegaba sobre las 9.30 horas. Al cabo de un rato lo hacía la propietaria, María, una mujer de 76 años que reside en las Islas Canarias y esta vez ha venido expresamente para tomar posesión de su vivienda. Tras una larga charla, todos, excepto la regidora, subían a la casa, en un cuarto piso, donde se firmaba el desalojo.

Said (46 años), de origen marroquí, lleva 26 años viviendo en Gandia. Se casó en Marruecos y después llegó a España. Tiene cuatro hijas, de 5, 8, 14 y 19 años, integradas y escolarizadas en el barrio. Es autónomo y se dedica a la venta productos en rastros. Asegura que no tiene a nadie que le ayude y que lleva meses haciendo gestiones para encontrar una vivienda, en inmobiliarias y también a través del ayuntamiento. Pero por ahora no han dado resultado.

La familia ha dejado de forma temporal sus enseres personales en la escalera. La dueña se quedó un rato más hasta cambiar la cerradura y poner una alarma. Poco antes del mediodía los activistas y la policía se marchaban.

Said mantiene que dejó de pagar porque la dueña le subió la renta a 850 euros, cantidad que consideró abusiva, una versión que niega categóricamente la dueña.

María asegura que ella no es ninguna especuladora. Se quedó viuda hace tres años y el alquiler le servía como complemento de sus ingresos. Señala que empezó pidiéndole 250 euros y de forma progresiva se fue subiendo hasta 380 euros. "A finales de 2024 ya le comunicamos que el contrato había vencido, en septiembre de 2025 dejó de pagar, y entonces empecé el proceso judicial, además nunca me ha pagado en tiempo y forma, creo que me he portado demasiado bien", explica. Niega que no le haya querido comprar una lavadora que se estropeó.

"Es muy triste que los propietarios nos tengamos que ver en esta situación porque nadie no nos ha regalado nada, mi marido era el que trabajaba, yo no tengo ninguna paga más, y encima he estado gastándome el dinero en abogados en este proceso", concluye María.

El Ayuntamiento de Gandia, explica la concejala, le ha facilitado a Said una "vivienda-puente", de titularidad municipal en el Grau, tras realizar una nueva baremación entre los solicitantes. Será temporal, durante dos meses. Hoy mismo han firmado el contrato, y allí podrán dejar también sus pertenencias. Pero de forma paralela el Gobierno local ha pedido a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), que pasado ese tiempo puedan optar a un alquiler social en una vivienda de la Generalitat.

El portavoz del Sindicat de l'Habitatge de la Safor, Adrià Picornell, criticó en primer lugar el fuerte dispositivo policial desplegado. Agradeció la preocupación de la concejala de Bienestar Social en el asunto, así como la movilización de sus compañeros activistas en las últimas protestas.

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