Incivismo
Las piscinas de Oliva, Piles o Bellreguard encadenan varios cierres por heces este verano con un coste de hasta 1.000 euros diarios
La presencia de excrementos obliga a desalojar a los bañistas y aplicar protocolos de limpieza y desinfección antes de reabrir
Los ayuntamientos reclaman civismo y el uso de pañales acuáticos para los menores

Decenas de bañistas en la piscina de Piles, en una imagen de archivo. / Levante-EMV
El Ayuntamiento de Oliva tuvo que clausurar este lunes su piscina municipal descubierta tras detectar la presencia de excrementos en el agua. Es el último cierre registrado en la comarca, pero no el único. A lo largo de este verano, varios consistorios de la Safor se han visto obligados a interrumpir temporalmente el servicio de sus instalaciones acuáticas por este motivo. Entre ellos figuran Villalonga, Piles, Benifairó de la Valldigna, Beniarjó y Bellreguard. En el caso de Oliva, además, esta es la segunda vez en las últimas semanas que debe adoptar estas medidas, mientras que Bellreguard ha tenido que afrontar este incidente hasta en tres ocasiones en apenas 15 días.
La mayoría de estos cierres se producen por actos incívicos, ya que en algunos casos incluso se ha detectado que los excrementos procedían de perros. No obstante, la presencia de materia fecal en el agua también puede deberse a una incidencia accidental. Ante estas situaciones, los ayuntamientos hacen un llamamiento a los usuarios para evitar comportamientos que puedan provocar nuevos cierres. Entre las medidas habituales se encuentra la obligación de que los bebés utilicen pañales específicos para el baño, así como la prohibición de acceso de animales a las instalaciones.
Tras detectar estas incidencias, la empresa responsable del mantenimiento de las piscinas no solo debe retirar las heces, sino que está obligada a aplicar una serie de medidas correctoras antes de permitir de nuevo el baño.
La Conselleria de Sanidad establece que se debe desalojar inmediatamente a los bañistas y cerrar el vaso afectado. Si este comparte el sistema de tratamiento —recirculación y filtración— con otros vasos, también deberán permanecer cerrados.
Medidas
A continuación, se debe retirar la materia fecal y realizar las labores de limpieza y desinfección previstas en el protocolo, además de comprobar los parámetros del agua y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento. En este sentido, la piscina no puede reabrir hasta que se hayan completado todas las medidas correctoras y se haya comprobado que el agua vuelve a cumplir las condiciones sanitarias exigidas.
Estos cierres no solo ocasionan molestias a los usuarios y al propio consistorio, sino que también tienen un impacto económico para las arcas municipales. La alcaldesa de Piles, Cristina Fornet, cifra el coste del cierre de las instalaciones en cerca de 1.000 euros diarios. Según explica, la cantidad no solo incluye el mantenimiento de las instalaciones, sino también otros gastos derivados de la clausura. "Hay que contabilizar que hay personas contratadas que no pueden realizar su trabajo, que es dar servicio a los usuarios y usuarias y, por supuesto, la limpieza y desinfección, en la que también se incluyen las analíticas del agua", señala.
De hecho, el Ayuntamiento de Piles llegó a plantear que únicamente pudieran acceder a la piscina los niños y niñas mayores de tres años. Sin embargo, el consistorio rectificó posteriormente la medida ante "las peticiones y necesidades de las personas usuarias de la piscina". En un comunicado, explicó que había "decidido rectificar la medida adoptada por recomendación de la empresa adjudicataria del servicio".
No obstante, el ayuntamiento mantiene las medidas de prevención para evitar nuevos incidentes. Los menores deben acceder acompañados de una persona adulta y utilizar los correspondientes pañales acuáticos, colocados y utilizados correctamente.
Cerca de 200 euros por la desinfección
En esta línea se expresa también el alcalde de Beniarjó, Óscar Barres, quien explica que el tratamiento de desinfección tras un incidente de este tipo ya supone un coste cercano a 200 euros. A esta cantidad se suma, según apunta, "el perjuicio que causa a los usuarios y usuarias el hecho de no poder utilizar la instalación y, en consecuencia, el hecho de no poder cobrar entrada, que puede rondar los 600 euros diarios".
Villalonga, que también ha sufrido recientemente un cierre por este motivo, pone en valor el trabajo de la empresa encargada del mantenimiento de la piscina, que ejecuta "los trabajos necesarios sin coste adicional". Además, el concesionario del servicio de socorrismo "compensa al ayuntamiento las horas por otros días que se alarga el horario".
"La molestia real es para los usuarios, que no pueden utilizar la piscina cuando se cierra por el motivo que sea", concluye su alcalde, Juanjo Sanchis.
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