Daimús pone a la venta dos locales en Bellreguard para recuperar parte de los 1,3 millones de euros defraudados por un funcionario

El Ayuntamiento de Daimús ha puesto a la venta dos locales situados en Bellreguard que fueron entregados al consistorio como parte del acuerdo alcanzado para devolver el dinero defraudado por un funcionario municipal. Se trata de los primeros inmuebles que salen al mercado con el objetivo de recuperar parte de los cerca de 1,3 millones de euros sustraídos de las arcas públicas.

La venta fue aprobada en el último pleno municipal y afecta a dos locales que eran propiedad de José Bernardo F. J., el funcionario del Ayuntamiento de Daimús que fue condenado en 2023 a tres años y tres meses de prisión por un delito de malversación de caudales públicos. El trabajador reconoció durante el procedimiento judicial haber desviado cerca este dinero a cuentas de su titularidad y de personas de su entorno.

Los dos inmuebles fueron tasados en 2023 por un técnico municipal, aunque sus valores deberán actualizarse antes de iniciar el procedimiento de venta. Según las valoraciones realizadas entonces, uno de los locales partiría de un precio de 52.181 euros y el otro, de 82.363 euros.

Desde el consistorio explican que se ha optado por la venta porque mantener los locales en propiedad municipal y destinarlos al alquiler «sería un problema». Por lo tanto, el objetivo es convertir estos bienes en liquidez para seguir haciendo frente a la cantidad que el funcionario debe devolver al consistorio.

Hace poco más de un año, la corporación municipal dio luz verde a la propuesta del funcionario, que ejercía como jefe de negociado del departamento de Intervención, Tesorería y Contabilidad, para devolver parte del dinero sustraído mediante la entrega de bienes inmuebles.

Entre los bienes entregados al consistorio, se incluyen tres terrenos situados en distintos puntos de Daimús, tanto en el núcleo urbano como en la zona de la playa, alguno de ellos valorado en más de 250.000 euros; dos plantas bajas ubicadas también en el municipio y los dos locales de Bellreguard.

«Estudiaremos qué se puede hacer con los terrenos, pero a nivel municipal no tendrían mucho uso, ya que son espacios para construir chalés», señalan fuentes municipales. La intención del consistorio es analizar caso por caso los bienes recibidos y determinar cuáles pueden tener un aprovechamiento público y cuáles resulta más conveniente vender.

Un fraude basado en facturas duplicadas

Según recoge la sentencia, el fraude fue descubierto en 2017 por la secretaria-interventora del ayuntamiento mientras este funcionario se encontraba de baja médica. El tribunal consideró que el condenado se aprovechó de la confianza depositada en él por la responsabilidad que desempeñaba y por los diferentes alcaldes que pasaron por el consistorio entre 2002 y 2017.

La resolución judicial concluye que creó y ejecutó «un sistema fraudulento» con el objetivo de obtener un «enriquecimiento injusto». Este consistía en duplicar facturas de distintos proveedores, especialmente las correspondientes al suministro eléctrico. Mientras una factura se abonaba a la empresa que prestaba el servicio, el importe de la segunda se desviaba a sus cuentas o las de su entorno.

Fue en marzo de 2017 cuando la secretaria-interventora detectó que «las facturas de suministro eléctrico se pagaban dos veces», lo que permitió destapar el entramado.

Cuando fue descubierto, el funcionario reconoció los hechos correspondientes a «los tres últimos años» y devolvió algo más de 312.000 euros. Durante el procedimiento judicial, admitió que el fraude se había prolongado durante «cuatro o cinco años». La sentencia concluyó, además de la pena de cárcel, que debía devolver el dinero con intereses.

Con parte del dinero obtenido fraudulentamente, el funcionario adquirió distintos inmuebles en Daimús y otros municipios próximos. La sentencia también recogía, entre otros, su relación con una sociedad mercantil vinculada a algunas de las operaciones inmobiliarias realizadas con fondos del consistorio.

Por su parte, Salvador C. I., que ocupaba el cargo de alguacil, también fue condenado a dos años de cárcel como cómplice, mientras que la mujer de J. Bernardo y su hijo fueron considerados partícipes a título lucrativo, pero no se les impuso pena de cárcel.

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