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La demolición del teatro romano

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EDITORIAL La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre la forma en que se ejecutará la reversibilidad de las obras del teatro romano de Sagunto, establecida en un periodo de 18 meses. De esta manera, la sala desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Sagunt frente al auto del TSJCV que desestimaba su recurso de súplica en el que pedía que la ejecución garantizara el continuado uso cultural del teatro, y estimaba en parte el interpuesto por la Generalitat, fijando como plazo de realización de las obras un periodo de 18 meses. Según dictaminó el auto del TSJCV de 2003, las obras consistirán en el levantamiento de las placas de mármol que se superponen a la anterior piedra de la cávea (graderío) del teatro romano de Sagunto, y en la demolición del muro de cierre de la escena, tal y como pidió el abogado Marco Molines, quien lleva 17 años pleiteando contra la intervención que realizaron Grassi y Portaceli bajo el Gobierno socialista de Joan Lerma.
La encargada de revertir las obras y dejar el teatro romano en su anterior estado -en parte- será la Generalitat. Y también del Consell será la responsabilidad de la tarea. Ayer mismo, Marco Molines, quien fue diputado del PP en las Cortes Valencianas mientras mantenía los recursos abiertos contra la rehabilitación, pidió entrevistarse con el presidente Francisco Camps para confeccionar una «hoja de ruta» a fin de encarar la reversión de las obras. En ­realidad es un brindis al sol porque el tribunal ha puesto fecha de caducidad: 18 meses. El PP siempre se ha mostrado crítico con la intervención, y en no pocas ocasiones en los 17 años que lleva vivo el proceso ha incendiado el debate político con los ataques a la reforma. Cuando alcanzó el gobierno en 1995 ordenó la retirada de los recursos jurídicos planteados por el anterior Consell. Ahora el Tribunal Supremo ha dictado la última decisión, precisamente cuando el debate social apenas existe y cuando el propio Consell ha dilatado la cuestión para no enfrentarse al cambio del uso cultural y público que se viene manteniendo con éxito en el foro saguntino. Porque ése, y no otro, es el actual debate, dado que el alto tribunal ya declaró ilegales las obras estableciendo el orden doctrinario: el de los usos del teatro romano en los últimos tres lustros. Más allá de la conveniencia, o no, de la reforma de Grassi y Portaceli, de su originalidad o su fatalidad -extremos largamente debatidos-, la utilización de ese espacio para las artes se ha contemplado con normalidad inequívoca, sin importar el color político del Consell.

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