La Demarcación de Costas desestimó a finales del año pasado las alegaciones que los representantes de la duquesa de Alba presentaron en 2009 ante el expediente con el que se pretende recuperar el dominio público marítimo-terrestre que a día de hoy sigue ocupando el muro exterior de su vivienda Las Cañas, situada en la primera línea de playa.

Más de dos años después de incoarse ese expediente, la desestimación podría haber supuesto el retranqueo del muro blanco en cuestión, pero los representantes legales de la duquesa han conseguido evitar la piqueta. Al menos por ahora, ya que han solicitado una concesión temporal del espacio ocupado. Tal y como apuntaba el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en aquellas fechas, esa tapia supone la invasión del dominio público en 32 metros cuadrados "correspondientes a un muro de obra con puerta de acceso y en zonas verdes -césped y palmeras- del inmueble". Lo que comenzó siendo un expediente informativo podría convertirse en uno de carácter sancionador. De hecho, el BOP ya anunciaba que "se adoptarían las medidas necesarias para la recuperación posesoria del dominio público ocupado, entre las que se incluye el desahucio administrativo previsto en el artículo 10 de la Ley de Costas (data de 1988)".

La noticia parece que no implicará obras para el derribo parcial en la casa de verano que Cayetana Fitz-James Stuart posee en Marbella. La duquesa ha solicitado una concesión para la aplicación de las disposiciones transitorias de la Ley de Costas. Se la concedan o no, las fuentes consultadas confirmaron que esa petición consigue dilatar el proceso administrativo.

El expediente abierto en 2009 afectaba al menos a otras 26 estructuras localizadas en Marbella. Entre ellas se encontraban propiedades del Ayuntamiento de Marbella, un conocido hotel del municipio o un chiringuito que llegó a ser precintado. Cuando se hizo público el expediente a la duquesa, Costas elaboró 66 peticiones de información ante otras tantas violaciones de los límites.

Tal y como aseguraban entonces desde la demarcación, ninguna afectaba a viviendas,sino a vallas, muros y algunos jardines, en zonas en las que había dudas. Ante éstas se pidió a los propietarios que justificaran la ocupación de espacio para corregir los límites. Las inspecciones comenzaron en Estepona a principios de 2009 y se extendieron por los municipios de Manilva, Mijas y Marbella, Mijas y la propia Estepona.