La comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo ha respaldado esta semana una serie de medidas para garantizar la seguridad y los derechos de propiedad intelectual sobre las impresiones 3D, sector que en apenas dos años tendrá un impacto económico de 9.640 millones de euros -según cálculos de la Comisión Europea- pero que en España todavía es incipiente.

Estas medidas serán votadas en el pleno de Estrasburgo la primera semana de julio. “En caso de accidente, la responsabilidad por un producto defectuoso podría recaer en el creador o proveedor del archivo 3D, el productor de la impresora, el productor del software para la impresora 3D, el proveedor del material utilizado o la persona que crea el objeto, dependiendo del origen del defecto. La cadena de responsabilidades puede ser larga y compleja”, según la eurodiputada francesa Joëlle Bergeron, del grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa.

Bergeron apuntó que “se debería considerar (la elaboración) de un régimen específico de responsabilidad civil” para estos productos. Según Bergeron, en la actualidad no existe una jurisprudencia específica relacionada con las reglas de responsabilidad de terceros para un producto producido en 3D. “Es un ‘territorio desconocido’ para los fabricantes, sostiene. “Por lo tanto, nos corresponde a nosotros, miembros del Parlamento Europeo, instar a la Comisión a que examine de cerca estas cuestiones jurídicas”.

La situación en España

La impresión en tres dimensiones supuso en España una cifra de negocio de seis millones de euros, de los 84.661 millones que obtuvieron en total los servicios TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones), según los últimos datos publicados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que hacen referencia al año 2016.

Por otra parte, la fabricación de este tipo de impresoras dejó ese año 12 millones de euros de los 8.585 millones totales que supuso la fabricación de ordenadores y equipos periféricos.

Propiedad intelectual

“La democratización de la impresión 3D no genera actualmente grandes problemas de infracción de la ley de propiedad intelectual”, explicó Bergeron. “La mayoría de los clientes y servicios de impresión en línea son profesionales, especialmente los servicios de alta tecnología de grandes empresas industriales o diseñadores, que utilizan esta técnica para la producción de prototipos u objetos en series limitadas, como parte de su actividad de innovación o creación”, añadió.

Según la eurodiputada, el número de personas que reproducen una obra protegida por la ley de propiedad intelectual en plataformas de intercambio de archivos 3D es bajo. “El riesgo de falsificación afecta principalmente a obras de arte, pero deberíamos considerar futuros problemas de derechos de autor cuando la impresión 3D se vuelva industrial”, aseguró.