El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado hoy que este jueves se desactivará el protocolo anticontaminación una vez que se han reducido los niveles de contaminación en la ciudad y al haber mejorado las condiciones de ventilación atmosférica.

En un mensaje en la red social Twitter el Ayuntamiento recomienda para este jueves, sin embargo, el uso del transporte público.

El escenario 2 que está hoy en vigor incluye también la limitación de la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y en los accesos para los vehículos autorizados a circular por esta vía, y la recomendación, promoción y refuerzo del transporte público. La Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias y chubascos para este jueves en Madrid.

Con ocasión del protocolo anticontaminación, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) mantiene reforzado hoy su servicio de autobuses en 55 líneas de la red diurna para afrontar el previsible incremento de demanda ante la activación de las medidas previstas en el escenario 2.

Este refuerzo se lleva a cabo, sobre todo, en las líneas que cubren las relaciones entre la periferia y el centro de la ciudad y en las líneas que cubren itinerarios transversales entre los distritos externos a la almendra central de la capital.

El Ayuntamiento recuerda que los vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), los anteriores al 2000 en el caso de los de gasolina, de 2006 en los diésel y de 2003 en el caso de las motocicletas, no pueden circular por la M-30 ni por el interior de la ciudad, y solo pueden aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) los vehículos con etiqueta Cero emisiones y ECO.

La clasificación ambiental de la DGT divide a los vehículos en cinco categorías: los más antiguos y contaminantes, que no tienen distintivo asignado, y las cuatro categorías restantes: B, C, ECO y CERO, cada una con su etiqueta respectiva, que deberá ser exhibida y visible en los vehículos a partir del 24 de abril de 2019.

Según el Ayuntamiento, el nuevo protocolo pretende mejorar la calidad del aire de la ciudad y aumentar la protección de la salud de la ciudadanía frente a los efectos nocivos de los episodios de alta contaminación, especialmente la de los colectivos más vulnerables como niños, personas mayores y con problemas respiratorios, y embarazadas.