Después de años persiguiendo su sueño, Silvia Fernández y Javier Palencia han conseguido al fin completar la familia con un esperadísimo nuevo miembro. Sin embargo, su felicidad se ha visto empañada a raíz del último cambio normativo realizado por el presente Gobierno y que afecta a todos los niños nacidos por gestación subrogada a partir del 21 de febrero. Y es que desde esta fecha, los padres deben presentar una sentencia judicial para poder obtener la nacionalidad española de su bebé. Un papel imposible de conseguir en lugares como Ucrania, país donde han llevado a cabo este procedimiento, pues allí este proceso está regulado por vía administrativa y no judicial. No obstante, sin este requisito, el Consulado se niega a concederles la nacionalidad española de Izan -nacido el 1 de marzo- y en estos momentos se encuentran atrapados en Kiev junto con su hija Lucía, de siete años.
Este matrimonio asturiano-cántabro, residente en Cantabria, sólo desea regresar a España cuanto antes. Ante las trabas encontradas para obtener la nacionalidad española, Silvia y Javier han solicitado también el pasaporte ucraniano, pero advierten que a día de hoy siguen esperando. Su caso no es único. En estos momentos, son 18 las familias españolas con niños recién nacidos en Ucrania y se espera que esta cifra vaya en aumento, puesto que existen más embarazos en camino que aún no han llegado a término.
Por ello, tanto este matrimonio como el resto de familias que se encuentran en esta difícil situación, piden que se respeten los embarazos en curso y se revoque esta nueva instrucción aprobada por el equipo de Pedro Sánchez con el objetivo de que puedan retomarse las inscripciones de estos niños como ciudadanos españoles, tal y como se venía haciendo hasta ahora.
"Hemos solicitado la nacionalidad ucraniana para Izan, aunque es algo ridículo, porque no la queremos ni la vamos necesitar más que para salir de este país"
"Nos encontramos en un limbo. Evidentemente, hemos solicitado la nacionalidad ucraniana para Izan, aunque es algo ridículo, porque no la queremos ni la vamos necesitar más que para salir de este país", aseguran. "Como marca el artículo 17 del Código Civil, todo hijo de español es español de naturaleza", remarcan, y muestran su temor a que estos niños queden totalmente desprotegidos al llegar a España. Entre otras cosas, apuntan, hasta que no le otorguen la nacionalidad española, no entraría en el programa de vacunación de la Seguridad Social y su padre no podría disfrutar del permiso de maternidad remunerado que le corresponde.
Las familias atrapadas en Kiev protestan ante el consulado español en Ucrania.S. Fernández
Por el interés superior del menor
Estas familias, que ya llevan cuatro jornadas manifestándose ante el consulado español en Ucrania, apelan al interés superior de estos menores. "Entendemos que puede haber debate de gestación subrogada o no, pero aquí hay unos niños, que no tienen absolutamente culpa de nada pero que por esta situación se les condena a una apatridia. Es decir, a día de hoy no tienen nacionalidad hasta que un Estado extranjero se apiade, y de momento, no se ha concedido ningún pasaporte ucraniano ni sabemos cómo va a responder la administración de este país. Esperemos que nos lo den, pero en cualquier caso nuestros hijos son españoles y les corresponde la nacionalidad española", afirman.
"A día de hoy, nuestro hijo no tiene nacionalidad hasta que un Estado extranjero se apiade, y de momento, no se ha concedido ningún pasaporte ucraniano"
La abogada Ana Miramontes, especializada en familia, adopción y gestación subrogada y asesora de esta familia y de otras en idénticas circunstancias, critica que no sólo el cambio de procedimiento de forma inmediata, sin plazo de preaviso que permita llevar a término los casos ya iniciados, sino la duda ante "una decisión errática que nos sitúa en una posición de auténtica incertidumbre" generada por los distintos vaivenes que el Gobierno español ha dado con respecto a este tema desde junio de 2018.
"No hay que olvidar que estamos hablando de niños. Tenemos que proteger el interés superior de esos pequeños, que están ahí, y darles seguridad jurídica. No me vale que se diga aquí no está regulado y quien vaya allí que se las apañe", señala. "El Tribunal Superior de Derechos humanos -subraya- nos está diciendo que es legítimo llevar a cabo este proceso y acudir a los países donde está regulado. Por lo tanto, el país del que procedemos nos tiene que dar una vía para la inscripción de estos niños, no nos la pueden negar. Puede ser más o menos complicada, pero el caso es saber cuál es y por qué nuestra administración ha cambiado de criterio", argumenta.
Silvia y Javier con la madre gestante, Laryssa, en el centro.S. Fernández
Por ello, esta experta recomienda a las familias afectadas, no sólo en Ucrania sino también en Georgia -donde el proceso tampoco se regula judicial sino administrativamente- solicitar la nacionalidad española para sus hijos, porque "están en su derecho". Pero al mismo tiempo, indica la urgencia de tramitar la ciudadanía y el pasaporte ucraniano a las instituciones de ese país para poder tener un documento de viaje que les permita volver a casa y regularizar su situación aquí, en España. El recurso se puede demorar un tiempo y "lógicamente, estas familias no pueden permitirse permanecer allí meses", advierte.
Cinco años en lista de espera para adoptar
Silvia y Javier llevan en Kiev desde el 18 de febrero. "Quisimos llegar unos días antes para estar con la gestante unos días antes y poder estar presentes en el parto", detallan. En su trabajo han tenido la suerte de que les han dado todo tipo de facilidades pero por supuesto tienen una fecha de reincorporación que se va aproximando.
Cuando iniciaron este proceso en el verano de 2016, eligieron Ucrania como "destino ideal" porque además de su cercanía con España, cumplían todos los requisitos exigidos en este país. "Aquí se pide que sean matrimonios heterosexuales con un informe médico que acredite la necesidad llevar a cabo esta técnica de reproducción asistida", explican.
"Elegimos Ucrania como destino ideal porque además de su cercanía con España cumplíamos todos los requisitos exigidos en este país"
En el caso de Silvia, después de su segundo embarazo, los médicos le desaconsejaron totalmente quedarse embarazada de nuevo, puesto que le diagnosticaron preeclampsia, una complicación que suponía un grave riesgo tanto para su vida como para la de un futuro bebé. "Con David, nuestro primer hijo, tuvieron que hacerme una cesárea urgente, a vida o muerte, tanto para él como para mí, a los seis meses del embarazo, y después de tres meses ingresado en la UCI de neonatos, no pudo superar las secuelas", cuenta Silvia. En su segundo embarazo, se repitió el mismo problema, pero afortunadamente Lucía sobrevivió.
"Habrá gente que nos critique, pero creemos que lo hacen desde el desconocimiento. Hemos recurrido a la gestión subrogada después de años pensándolo. Miramos distintas agencias y hasta que no lo vimos claro no dimos este paso. Queríamos comprobar que las gestantes lo hacían de forma voluntaria y meditada. Después de un primer intento con una gestante que decidió no continuar después de tener un aborto natural, conocimos a Laryssa y logramos que el embarazo llegase a buen puerto", cuentan con gran ilusión.
En su caso, la gestación subrogada se convirtió en "la única vía para tener un hijo, sin descartar la adopción", que de hecho también mantienen abierta. "Hace cinco años, en 2014, entramos en la lista de espera, pero a día de hoy seguimos esperando porque adoptar en España tampoco es fácil. Mi marido ya tiene 46 años y yo 44", advierte Silvia, que indica que no les afectan las críticas porque tienen la conciencia "muy tranquila".
Según la abogada Ana Miramontes, "la manera de proteger los intereses de los niños, que dicen que están desprotegidos en estos procesos, es la regulación de este procedimiento para dar seguridad jurídica, independientemente del color político del gobierno. Saben que no pueden prohibirlo porque hay que respetar el dictamen del Tribunal de Derechos Humanos, que lo considera legítimo, y pueden establecer unas condiciones de acceso al registro más duras, pero como me contaba el otro día un padre, si piensan que con esto van a cerrar la puerta a la gente que quiere tener hijos por este medio, no tienen ni idea de qué va esto. Estas parejas lo van a seguir haciendo porque es una pulsión interna del ser humano que va más allá de esa puerta que le quiere cerrar nuestro gobierno", concluye.
