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Ley de Dependencia

El mapa español de la dependencia: así son las diferencias por comunidad

Los últimos informes constatan una imagen muy dispar por territorios - El sector habla de "caos" y de "servicios 'low cost" en muchos casos

El mapa español de la dependencia: así son las diferencias por comunidad

Doce años después de ser aprobada, la Ley de Dependencia ofrece resultados desiguales. Miles de españoles han podido hacer uso de los servicios y prestaciones incluidos en su catálogo, pero otros muchos esperan aún para hacerlo. Empresas prestatarias y pacientes reclaman que el Estado incremente su financiación, disminuida durante los años más duros de la crisis, mientras denuncian las diferencias territoriales, que hacen que la imagen sea muy dispar en función de cada comunidad autónoma.

El Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS) ha presentado recientemente un informe que analiza el estado de esta materia en España. Un estudio con un título elocuente: 'El caos de la dependencia'. En este trabajo, la patronal denuncia que existen "19 interpretaciones diferentes de la ley", según la comunidad autónoma que sea, y subraya que una persona dependiente "tiene el doble de posibilidades de ser reconocida como tal en Andalucía que en otras comunidades como Galicia, Canarias, Asturias o la Comunitat Valenciana". "Las personas mayores van a suponer el 30% de la población española. Atenderlas es un reto de país", explica la presidenta de la CEAPS, Cinta Pascual.

"La lista de espera está bajando por la atención a dependientes de grado moderado, pero a costa de servicios 'low cost'"

José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia

Según el dictamen de marzo del Observatorio Estatal de la Dependencia, actualmente el 3% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria y cifra en alrededor de 250.000 las personas que se encuentran en los que se denomina 'limbo de la dependencia'. Lo explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la entidad que coordina el Observatorio: "son personas que tienen reconocidos el derecho a un servicio o a una prestación, puesto que ya han sido valorados y cuentan con una resolución administrativa, pero aún no han sido atendidos". Una lista de espera que, indica, sufren especialmente Canarias y Cataluña. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha asegurado esta semana que el 20% de las peticiones se encuentra en ese limbo.

Lista de espera

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El informe de la CEAPS recoge que 1.304.312 personas están reconocidas como dependientes en España, de las que 1.054.275 percibe alguna prestación. Dentro de los mayores de 65 años, es cuando empiezan a percibirse las acusadas distancias entre el porcentaje de reconocidos y de perceptores. Por ejemplo, en Castilla y León esa diferencia es mínima (11,38% y 11,2%). Es decir, que prácticamente todos los reconocidos disponen de alguna prestación. Pero esa brecha se amplía considerablemente en los casos de Andalucía (14,5% y 10,7%) Cataluña (11,6% y 7,8%) y Canarias (6,3% y 4,4%). "Esta disparidad de datos sólo se explica por las dificultades de acceso al sistema en algunas comunidades y a la aplicación de diferentes criterios a la hora de valorar a las personas solicitantes", proclama el estudio. "El sistema transmite el mensaje de que es mejor que vayas cuanto antes a realizar la petición porque cuando acudas va a tener que esperar por lo menos un año", critica la presidenta del Círculo.

Atendidos

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La Ley de Dependencia establece varios servicios y prestaciones. En los primeros se ubican los de Prevención, Teleasistencia, Ayuda a Domicilio, Centros de Día y Residencias. Las prestaciones, de carácter económico, distinguen varias categorías dependiendo de su finalidad. Existen tres grados de dependencia que reconoce la Ley a través de las distintas valoraciones que realizan los órganos designados para ello por cada comunidad autónoma: Grado 1 (dependencia moderada, con necesidades de apoyo intermitente o limitado), Grado 2 (dependencia severa, con necesidades de apoyo dos o tres veces al día) y Grado 3 (grandes dependientes, con necesidades de apoyo indispensable o continuo).

El Observatorio Estatal de la Dependencia constata una mejora en la mayoría de los parámetros del Servicio de Atención a Domicilio, una de los ejes fundamentales de la Ley, que han permitido reducir la lista de espera en 60.000 personas en el último año. "Está bajando, pero es por la atención a personas en el Grado 1 (dependencia moderada). A muchas de estas personas se les atiende con servicios 'low cost'. Eso mejora las estadísticas globales, pero en los grados 2 y 3 no ha descendido ni tampoco se han generado servicios de alta calidad. De toda esa lista de espera, unas 100.000 personas están en severa o gran dependencia", explica José Manuel Ramírez. Según las conclusiones del Observatorio, un total de 30.400 personas murieron en 2018 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia, lo que arroja una media diaria de 80 fallecimientos. "Por supuesto que no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones", destaca el informe.

"Pedimos que se cree un Ministerio de los Mayores en donde se haga un análisis y un debate de esta situación. Los mayores van a ser el 30% de nuestra población"

Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas

Con muchos centros y residencias saturadas, la prestación económica, que nació con carácter "excepcional", se convierte en el "recurso fácil" de las instituciones, subraya Cinta Pascual. "Dar dinero no es atender. Eso es hacerse trampa", denuncia la presidenta de la CEAPS. Esas ayudas solo palían un problema, el de la dependencia de los mayores, del que de manera fundamental se encargan las familias y, sobre todo, las mujeres. Aproximadamente, un 96% de los cuidadores no profesionales, indica el presidente del Observatorio de la Dependencia. Esto contribuye, según el sector, a una "feminización" de esta parcela, ensanchando el impacto de la brecha de género. Esto provoca que, cuando se da un caso de dependencia en una familia, es la mujer la que asume casi por completo todas las labores sin capacidad de decisión. "Cuidar a un familiar es una tarea que llega sobrevenida por una necesidad imperiosa. La mujer no tiene posibilidades de elegir", resalta José Manuel Ramírez. La CEAPS calcula en 150.000 las trabajadoras del servicio doméstico que se estima desarrollan cuidados de personas mayores sin formación específica.

Gasto en dependencia

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El asunto de la financiación es otro de los más espinosos. "Durante los años de crisis, las comunidades autónomas han soportado la inversión que dejó de hacer el Estado", dice la presidenta de la CEAPS. El modelo de copago de la ley recoge que Estado, comunidades autónomas y beneficiarios sufragan los costes. "Por culpa de los recortes, el Estado ha dejado de invertir 5.600 millones de euros desde el año 2012. El problema de la financiación de la ley se ha agravado, pero si se recupera esa cantidad la gran mayoría de dependientes podría disponer de atención en uno o dos años", añade José Manuel Ramírez.

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