La Orden APA/423/2020, publicada en el BOE el pasado 20 de mayo, es el eje central de la aplicación en España del Plan Plurianual del Mediterráneo Occidental que entró en vigor en 2019. El texto establece el esfuerzo pesquero en el Mediterráneo español en los próximos años y adopta cierres a la pesca de arrastre para evitar el gran problema de la captura de juveniles. Su finalidad es terminar con la sobrepesca, en línea con la Política Pesquera Comunitaria, y, en particular, frenar los elevados niveles de sobreexplotación de la merluza, que se pesca hasta 15 veces por encima de niveles sostenibles en determinadas zonas. Un año después de la adopción del Plan, España sigue sin aplicar ninguna medida solvente ni responsable para paliar la crisis del Mare Nostrum.

El Plan Plurianual preveía como principal medida, la adopción de un cierre de tres meses al arrastre en la franja costera. Sin embargo, España ha optado por derogarlo y elegir una opción que, ni siquiera cumple con los requisitos mínimos legales de Europa y apenas supondría una leve mejora, dada la alarmante situación actual de los caladeros.

Teniendo en cuenta el texto publicado, Oceana considera que el ministro Luis Planas ha sucumbido ante la presión del sector pesquero, ya que en la nueva Orden se han reducido de forma considerable, las zonas de cierre inicialmente previstas para cumplir con el Plan que regula la pesca de arrastre en Mediterráneo Occidental. El texto ignora el consejo científico y además no refleja propuestas que inicialmente barajaba el ministerio. Resulta además llamativo que la mayor superficie de los cierres se encuentre en aguas francesas, mientras el mar de Alborán y los caladeros del Levante seguirán expuestos a la sobrepesca.

«España optó por la derogación del cierre costero del Reglamento europeo, pero lamentablemente la Orden no ofrece una alternativa creíble. Esta política no supone ningún avance y responde claramente al interés cortoplacista de un sector sin miras al futuro» afirma Vera Coelho, Directora de Campañas de Oceana, que añade «Esta orden no cumple los requisitos mínimos legales de Europa y no es la forma de dirigirnos hacia un modelo de transición ecológica que integre una pesca sostenible.»

En cuanto a los cierres para evitar la explotación de juveniles, el Comité Científico Técnico y Económico de la Pesca de la Unión Europea ya advirtió que España no cumplía con la regulación europea.