El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este lunes que no le parece "el camino adecuado" que las comunidades autónomas se alineen en torno a la reforma educativa "en función de sus parámetros ideológicos", y ha alertado de que "hacer partidismo de la educación es el peor camino".
"Cada comunidad autónoma tiene sin duda la legitimidad de orientar su espacio competencial, pero creo sinceramente que con la educación no se puede jugar", ha dicho Puig en una rueda de prensa preguntado por el anuncio de las comunidades gobernadas por el PP de que van a legislar para mitigar los efectos de la denominada ley Celaá.
Puig ha insistido en que el "alineamiento partidista" de las comunidades autónomas en torno a la reforma educativa "no es una opción", y ha reivindicado que "gran parte" del contenido de esa ley educativa se viene aplicando en los últimos años en la Comunitat Valenciana.
El presidente ha recordado que inicialmente también hubo en la Comunitat Valenciana "grandes arrebatos de discrepancia", pero ha añadido que con el paso del tiempo "y gracias al diálogo" incitado por la Conselleria de Educación se ha conseguido, por ejemplo, que la vuelta al colegio haya sido pactada.
"Aquí no hay ninguna visión partidista desde la Generalitat, todo lo contrario: estamos gobernando para todos y ponemos en el centro de la educación educativa a los niños y niñas", ha reivindicado Puig, quien ha asegurado que así lo hacen en todos los ámbitos, también "en los que están en discusión ahora".
A su juicio, se está generando "una especie de 'fake news' generalizada" de la reforma educativa, una norma que, según ha defendido, no va a "romper la convivencia, sino todo lo contrario", porque se trata de que los niños y las niñas tengan "la mejor educación posible" y "de la mejor calidad posible".
Ximo Puig ha insistido en que la educación es "la palanca de futuro" de una sociedad, y por tanto hay "superar el enfrentamiento" y las "dicotomías" que algunos plantean y que "no son reales", como ya apuntó la semana pasada el conseller de Educación, Vicent Marzà.
Un "cúmulo de despropósitos" para la oposición
Los tres partidos de la oposición en las Corts (PP, Ciudadanos y Vox) han anunciado acciones desde los ayuntamientos, el parlamento y ante los tribunales contra el "cúmulo de despropósitos" de la conocida como Ley Celaá, que han calificado de "bochornosa" y que consideran que acarrea un "recorte de derechos".
Así se han pronunciado el síndic de Cs, Toni Cantó; la portavoz adjunta de Vox, Llanos Massó, y el diputado del PP José Císcar al hilo de las protestas de este domingo en toda España contra la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe, conocida como Ley Celaá en referencia a la ministra).
Desde el PP, Císcar ha asegurado que la formación "seguirá siendo el muro de contención" contra esta normativa y ha lamentado que "muchos aspectos de esta ley ya se venían aplicando" en la Comunitat Valenciana. Así, ha anunciado que presentarán iniciativas en los ayuntamientos y una Proposición no de Ley en Corts.
También ha apuntado que, de llegar al Gobierno el PP en España, sería "una de las primeras leyes a derogar", y ha indicado que el PP presentará un recurso de inconstitucionalidad a la normativa y la llevarán a Europa porque consideran que incluye un "recorte de derechos".
De hecho, los 'populares' están llevando a cabo una recogida de firmas en contra de esta ley, a la que ha acudido el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Mompó. Allí ha manifestado que "la educación es la base de cualquier sociedad avanzada y debe estar libre de injerencias ideológicas y sectarismos como los que se recogen en esta ley".
Por su parte, Cantó, que se ha reunido este lunes con la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), ha calificado de "bochornosa" la ley y ha asegurado que "está dictada directamente por Podemos y el nacionalismo". Así, ha criticado que "ataca al español" y a la "libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos", así como a los "más débiles entre los débiles", en referencia a la educación especial.
Desde Ciudadanos han insistido en que quieren "que se consulte a los padres en qué lengua quieren que se eduquen sus hijos". Así lo ha explicado el diputado Carlos Gracia, que ha criticado que esta normativa nace "sin consenso" y ha considerado que es una "enmienda a la totalidad" a los artículos 3 y 27 de la Constitución.
Además, ha explicado que "hace unos días Cs presentó, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento valenciano, una iniciativa para blindar el carácter vehicular del español en la educación, porque lo contrario atenta contra la misma Constitución".
Polémica "artificial" para dos de los partidos del Botànic
Por su parte, el portavoz adjunto del PSPV, José Muñoz, ha criticado las "polémicas artificiales" que se han generado al respecto de la Ley Celáa. Muñoz ha defendido que es una "buena ley" que "va a revertir las desigualdades que generó la Ley Wert".
En este sentido, ha asegurado que "garantiza la igualdad de todos en la educación" porque se corrigen "situaciones injustas que afectaban a las rentas medias y bajas" que, a su juicio, produjo la ley Wert. Por ello, ha defendido que se vuelve a "garantizar el principio de igualdad de oportunidades en educación".
En la misma línea se ha expresado la diputada de Compromís Papi Robles, para quien "estamos en una situación en la que, como algunos no tienen argumentos, mienten literalmente sobre esta ley", y ha remarcado que "no se va a cerrar la educación especial".
Desde Compromís han destacado dos puntos de vista de esta ley: "Uno que recupera algunos derechos que estaban en las leyes anteriores y que Wert tumbó de manera directa sin participación" como la "recuperación de competencias para las autonomías o la mayor capacidad de decisión de los consejos escolares", y por otro lado, ha considerado que la "trayectoria de la educación" en la Comunitat Valenciana se ve "reforzada" con esta ley.
