El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) reivindica que se incluya a los letrados, en especial a los que trabajan en la justicia gratuita, dentro del calendario de vacunación preferente contra la covid-19, "al tratarse de un servicio público esencial".

El pleno del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados acordó el pasado 5 de enero remitir a la Conselleria de Sanidad una petición de información sobre el calendario previsto por la campaña de vacunación contra la covid-19, y si hay previsto algún protocolo o fase específica para los profesionales de la abogacía.

Según ha informado el colegio profesional en un comunicado, Sanidad les ha respondido que "se tendrá en cuenta" esta petición para trasladarla al Ministerio de Sanidad, y que la Conselleria distribuirá la vacuna según la estrategia del Gobierno central, en la que no figuran los profesionales del derecho.

El colegio de abogados defiende que los letrados que se dedican a un servicio público esencial como es la Asistencia Jurídica Gratuita al ciudadano, "deben entrar en un calendario de vacunación con un protocolo específico".

Esto se debe a que "ya en los peores momentos del confinamiento que se vivieron con la primera ola de la pandemia, los compañeros tuvieron que pasar por momentos muy duros, sin las mínimas medidas de protección y teniendo que trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana", según explica el presidente del CVCA, Agustín Ferrer.

Ferrer afirma que el peligro al que se enfrentan los profesionales de la Abogacía, en particular los abogados del Turno de Oficio, "es evidente por ser un servicio público esencial".

Añade además que "muchas infraestructuras en las que se presta el servicio de atención jurídica a detenidos y víctimas no disponen de las mínimas condiciones que se requieren de seguridad contra el coronavirus".

Desde el Consejo se hace especial referencia a determinados juzgados a lo largo de la Comunitat o dependencias policiales y de la Guardia Civil.

"Creemos que los profesionales del derecho que están llevando a cabo una labor tan importante como es garantizar el derecho de defensa del ciudadano, deben prestarlo sin que ello suponga un peligro para su integridad física", ha añadido Ferrer, quien advierte que, de no ser así, "el propio ejercicio de este derecho fundamental se resentirá"