Con la fecha del 25 de junio como tope máximo, la conselleria de Salud trabaja a marchas forzadas para poder ofrecer a partir de ese día la prestación de la eutanasia, tal y como recoge la legislación estatal al respecto promulgada este mes de marzo. "No obliga a nadie", ha querido dejar bien claro la consellera de Salud durante la presentación de la nueva prestación sanitaria junto al coordinador autonómico de Salud Mental, el psiquiatra Oriol Lafau.

Las personas que podrán acogerse a esta ayuda para morir han de ser mayores de edad, con plena capacidad de actuación o decisión que han adoptado de forma autónoma e informada y que padezcan una enfermedad crónica e incurable que curse con un padecimiento físico o psíquico intolerable, ha acotado la consellera, que ha añadido que deben tener la nacionalidad española o estar empadronados en este país desde hace por lo menos doce meses.

El siguiente paso pasa por crear, previa autorización del Consell de Govern, una comisión de garantías que evaluará las peticiones aceptadas, las denegadas y dirimirá los posibles conflictos que surjan. Esta comisión estará formada por 5 sanitarios, 4 médicos y una enfermera, y cuatro juristas con al menos 5 años de experiencia en su ámbito, ha detallado Patricia Gómez.

Lafau ha admitido que tendrán que trabajar "de valent" para completar el proceso con todas las garantías. Así, ha señalado que se tendrá que elaborar el reglamento de esta comisión de garantías así como redactar un manual de buenas prácticas que finalmente se consensuará con las aportaciones de todas las CC AA.

También se regulará el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que no estén dispuestos a participar en esta prestación. Lafau ha admitido que desconocían qué porcentaje de sanitarios podrían acogerse a esta prerrogativa pero ha señalado que estudios realizados en Cataluña estimaban en un 40% los profesionales de este ámbito contrarios a prestar esta asistencia para morir. "Se puede objetar en todos los procesos de la eutanasia", ha recordado el coordinador instando a los profesionales que barajen esta opción que la vayan comunicando a sus jefes de servicio.

Lafau ha señalado que el proceso dispondrá de tres filtros entre los que ha señalado a un médico consultor especialista en la patología del solicitante y que no le conozca ni le haya tratado anteriormente, así como la propia comisión de garantías. "Si los médicos, tanto el responsable como el consultor rechazan la petición del paciente, este siempre puede recurrir a la comisión de garantías", ha subrayado el psiquiatra asegurando que todo el proceso, desde la petición hasta la ejecución, no se puede demorar más de dos meses.

LAS CLAVES

  1. Mayor de edad. El primer requisito es ser mayor de edad y sufrir «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que afecte a la autonomía y que genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable». Hay que tener la nacionalidad española, residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite una permanencia superior a doce meses.
  2. Voluntades anticipadas. En el caso de que el paciente no se encuentre en pleno uso de sus facultades ni pueda prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente, debe haber suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital o voluntades anticipadas.
  3. Fármacos consensuados. El ministerio y las CCAA han hecho un protocolo que concreta los fármacos que se suministrarán a los enfermos.

El solicitante podrá elegir dónde acaba sus días, si en un centro sanitario o en su propio domicilio, así como optar por autodosificarse el fármaco o solicitar que se lo administren. Eso sí, el médico responsable del paciente le asistirá durante todo el proceso. No obstante, Lafau señaló que están valorando la posibilidad de crear un equipo específico que aplique la prestación de manera generalizada.

Porque tampoco ha sabido aventurar cuántas personas podrían solicitar esta prestación en Baleares. Estudios realizados en otras geografías estiman que alrededor de un 0,006% de la población podría solicitar la prestación.

En cualquier caso, a las personas que así lo decidan se les ayudará a dejar este mundo con un protocolo común de fármacos que será adoptado para todo el país en el Consejo Interterritorial de Salud.