La batalla de las comunidades del Noroeste —Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León— y del sector agroganadero contra el blindaje del lobo no ha conseguido que el Ministerio de Transición Ecológica diese marcha atrás en su decisión de incluir el cánido en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, que conlleva prohibir su caza en toda España.

En la actualidad, solo están permitidas las batidas controladas en las comunidades al norte del río Duero, que concentran el 90% de los ejemplares de todo el país. La presión que durante los últimos meses han ejercido las comunidades loberas, que reclaman una nueva estrategia para la conservación y gestión del lobo consensuada con todos los actores implicados, solo ha logrado un aplazamiento hasta finales de año de la orden ministerial que veta la caza de la especie que declarará protegida.

Horas después de que las organizaciones agrarias asegurasen tras una reunión mantenida con el director de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, Jorge Marquínez, que el Gobierno estaba dispuesto a negociar “desde cero” un nuevo plan de gestión y control del lobo para aprobarlo por unanimidad, desde el Ministerio de Transición Ecológica negaron que se vaya a dar marcha atrás en la protección del lobo. El Ejecutivo se limitará a aplazar hasta el último trimestre de este año la publicación de la orden ministerial que incluirá al cánido en el Lespre, según informa Europa Press. Este aplazamiento, según destacan desde el departamento que dirige Teresa Ribera, se hace para evitar un “vacío legal” y no paralizar los planes de gestión de la especie durante este periodo.

Con esta decisión, el Ministerio de Transición Ecológica se desmarca no solo de las demandas de las comunidades del Noreste y de las organizaciones agrarias, sino también del propio ministro de Agricultura, Luis Planas, que en su comparecencia conjunta con Ribera en el Senado el pasado mes de marzo, abogó por una estrategia consensuada, basada en un trabajo “sosegado y científico”. Pero finalmente Transición Ecológica sacará adelante el veto a la caza del lobo, dando más tiempo a las comunidades para adaptarse a la orden ministerial. Se trata de un mecanismo transitorio para que sus planes de gestión no queden sin efecto hasta que esté lista la Estrategia Nacional de Gestión de la Especie que estará aprobada antes de final de año.

Esta postura aboca a las comunidades loberas a retomar su intención de acudir a los tribunales al desatender el Gobierno sus reivindicaciones y dejarlas al margen del futuro plan de gestión del lobo.

Sin embargo, las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA consideran que la decisión supone una marcha atrás del Gobierno, al tiempo que aseguraron que tras la reunión mantenida a última hora del miércoles, el director de Biodiversidad puso sobre la mesa la negociación un nuevo plan de gestión y control del lobo, que deberá ser aprobada por unanimidad. “Supone un giro de 180 grados en la postura del Gobierno en torno al nuevo marco regulatorio sobre la gestión del lobo”, interpretan.