La objeción de conciencia de médicos y enfermeras está vulnerando el derecho de las mujeres a abortar en centros sanitarios públicos de España. Las motivaciones ideológicas de muchos de los profesionales sanitarios obstaculizan la prestación de un servicio público como es el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente su embarazo, previsto en la ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva. El último episodio de estas trabas se ha producido en Madrid, donde un hospital público se ha negado a practicar un aborto terapéutico, como ha denunciado una de las doctoras del centro, que a su vez era la que quería interrumpir su embarazo. Si bien, el problema viene de antiguo. Las estadísticas del Ministerio de Sanidad indican que un 85% de las intervenciones se realizan en clínicas privadas, la mayoría de ellas concertadas y por tanto sin coste para la mujer. Y en el año 2010, cuando se aprobó la llamada ley de plazos eran un 98%.
Por ello, el Gobierno planea reformar la ley del aborto, para intentar compatibilizar el derecho a la objeción de conciencia con el derecho de las mujeres a tener una maternidad libremente decidida. En la reforma se incluirán otras medidas para intentar lograr que el aborto sea un derecho pleno, porque como avisa Sílvia Aldavert, coordinadora de la Associació Drets Sexuals i Reproductius (DSIR), la objeción de conciencia es algo "bastante frecuente" pero existen otros existen otros impedimentos, como las desigualdades territoriales, no tener tarjeta sanitaria o ser menor de edad. Todo ello pese a que el aborto, «aunque no lo parezca», es una de las intervenciones «más frecuentes». En Cataluña, por ejemplo, se realizan unos 20.000 al año.
Un ejemplo de lo paradójico del sistema sanitario es el hecho de que el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, un centro público aunque de gestión privada, no practica abortos. Sus profesionales únicamente realizan "interrupciones médicas del embarazo" en aquellos casos en que la enfermedad del feto es incompatible con la vida o cuando existe un peligro real para la madre. Así, cuando la paciente decide someterse a un aborto (entendido este como el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente su embarazo porque no desea tener el hijo, aunque su salud no corra peligro) normalmente es derivada al Hospital Vall d'Hebron.
"La objeción de conciencia a la hora de practicar abortos en centros públicos catalanes es algo bastante frecuente", Silvia Aldavert, Coordinadora de la Associació Drets Sexuals i Reproductius.
El Hospital de Sant Pau es una fundación privada de la que forman parte el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Iglesia católica. Fuentes del centro equiparan esta derivación de pacientes para abortar en otros hospitales a otras derivaciones que también se producen en intervenciones como los "trasplantes" o los "tratamientos oncológicos". "Siempre atendemos a la mujer [que desea abortar] y la acompañamos a otro servicio. No la dejamos sola", justifican estas fuentes.
Fuentes de la Conselleria de Salut aseguran que todo el sistema sanitario público de Cataluña "garantiza" el derecho de la mujer a abortar. "De la misma manera que hay centros que no hacen un tipo de cirugía, hay otros que no hacen abortos. Vall d'Hebron y el Clínic son los dos hospitales con más experiencia en abortos", justifican estas fuentes. Las mismas matizan que este es un tema de "circuitos internos" y que lo importante es que la mujer esté siempre "atendida" y tenga "garantizado su derecho".
"Mala" información
Según las denuncias recogidas por L'Observatori de Drets Sexuals i Reproductius de DSIR, existen, por ejemplo, embarazadas que son derivadas sucesivamente de un servicio a otro, algo que ralentiza todo el proceso, ya de por sí doloroso. También hay facultativos que informan mal a las pacientes. "Algunos les dicen que solo se puede abortar antes la semana 14 de gestación. No es verdad: legalmente se puede abortar más allá de la semana 14", denuncia Aldavert. Y esto, insiste, está ocurriendo en centros públicos catalanes.
"A algunas mujeres las han enviado a tantos sitios, que al final deciden tener el bebé", Silvia Aldavert . Coordinadora de la Associació Drets Sexuals i Reproductius
Asegura que estas objeciones de conciencia ante el aborto no solo son explícitas, sino también implícitas: "A algunas mujeres las han enviado a tantos sitios, las han movido tanto, que al final deciden no abortar". En ocasiones, interrumpir voluntariamente el embarazo se convierte en una "carrera de obstáculos". Aldavert recuerda que cualquier "restricción" tiene un "impacto directo" en la vida de las mujeres, algo que los poderes públicos "no deben permitir".
Listados de objetores
Se desconoce cuántos médicos objetores de conciencia hay en Cataluña porque no existe un registro de los mismos, algo que reclaman asociaciones como Drets Sexuals i Reproductius, que atiende a unos 6.000 jóvenes al año. "Pedimos que los colegios profesionales publiquen los listados con los objetores de conciencia. Pero, más allá de eso, pedimos que en la red pública no haya objetores porque el Estado reconoce el derecho al aborto", reclama Aldavert.
"El aborto es un tema tabú y por eso se quiere gestionar de forma escondida. Tiene un peso ideológico muy importante. Y no existe una voluntad política de que esto sea una prioridad. No hay campañas públicas de información sobre cómo abortar y muchos profesionales no están bien informados sobre este tema: o bien no conocen la ley, o bien no conocen el circuito", denuncia Aldavert. Insiste en que no siempre se les ofrece una alternativa a las mujeres.
"El número de ginecólogos objetores es altísimo porque practicar un aborto es algo desagradable y arriesgado", José María Simón, Presidente de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas.
"El control del cuerpo y la vida de las mujeres es el pilar fundamental que sostiene al patriarcado. La actual extrema derecha y los movimientos ultraconservadores lo tienen claro y por ello dedican sus fuerzas a mantener este control para mantener sus privilegios. Los profesionales también tienen ideología y el sistema sanitario no deja de ser un reflejo de la sociedad, pero la ley y las instituciones públicas no deben permitir que la objeción de conciencia impida a una mujer abortar, vulnerando así sus derechos fundamentales", reflexiona la experta. La misma destaca el caso de Italia, donde existe una ley del aborto pero donde, a la vez, "el 80% de los profesionales son objetores". "Las mujeres van a Holanda a abortar".
Según el presidente de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas (FIAMC), José María Simón, "el número de ginecólogos que se niegan a hacer abortos es altísimo", aunque tampoco precisa cuántos objetores de conciencia hay en Cataluña. "Porque practicar un aborto es algo desagradable, arriesgado", justifica. Simón matiza que la objeción de conciencia no existe solo en relación al aborto, sino también en otros casos, como por ejemplo la eutanasia.
Una "alternativa" para las pacientes
Según la Conselleria de Salut, la objeción de conciencia, que está regulada por ley, es un derecho que se puede ejercer "de manera individual, no como institución". El departamento, al igual que el Col·legi de Oficial de Metges Barcelona (COMB), no tiene ni cifras ni estimaciones sobre cuántos médicos objetores de conciencia hay en Cataluña, pero asegura que no ha recibido casos de mujeres afectadas por esta problemática.
"La objeción de conciencia no puede pasar por encima del derecho de la paciente. No nos consta que esto esté ocurriendo. Si existen casos, son puntualísimos", declaran fuentes de Salut. Las mismas existen que los médicos objetores de conciencia siempre deben ofrecerles una "alternativa" a las pacientes.
En cuanto al registro de médicos objetores, en el año 2011 un comité de bioética estudió si este debía ser creado, pero finalmente se abandonó la idea para evitar que hubiese "listas negras". También por una cuestión de "confidencialidad".
Por su parte, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) tampoco tiene conocimiento de datos sobre médicos objetores de conciencia. Pero en un documento del 2010, el COMB deja claro que la objeción "no exime, de ninguna manera, del deber de asistencia en el proceso previo y posterior a la intervención que es motivo de la objeción". El texto también recoge que los directivos de los centros deben "velar" por hacer "compatible" la asistencia a los ciudadanos con el ejercicio de la objeción de conciencia de los profesionales.
Cualquier mujer que desee abortar debe acudir a su centro de Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de referencia, dependiente del Institut Català de la Salut (ICS). Tras tres días de reflexión, allí le ofrecerán un aborto farmacológico (con una pastilla, hasta las nueve semanas de gestación) o un aborto instrumental (a partir de las 10 semanas de gestación). Este último solo se practica en clínicas acreditadas para hacer una interrupción del embarazo.
Farmacéuticos objetores
Tampoco existen cifras sobre cuántos farmacéuticos objetores de conciencia hay: boticarios que se niegan a dispensar la pastilla anticonceptiva de emergencia que se debe tomar durante las 72 horas posteriores a la relación sexual sin protección.
Según el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB), en estos casos el profesional "debe indicar a la persona el punto más próximo donde conseguir la pastilla" y también "debe posibilitar que el tratamiento se pueda hacer en las condiciones adecuadas", tanto en lo relativo al "tiempo" como al "desplazamiento", para que este retraso "no tenga consecuencias" en la eficacia de la pastilla.
El COFB, además, recuerda que la objeción de conciencia a la hora de dispensar la pastilla abortiva "no puede ser arbitraria" y debe ser antes "notificada individualmente" al colegio correspondiente.
