España llega al Día Mundial de la Infancia, que se conmemora este sábado, con los deberes legislativos muy avanzados. El pasado junio entró en vigor la ley de protección a la infancia frente a la violencia, conocida popularmente como 'ley Rhodes', en referencia al pianista que sufrió abusos sexuales cuando era niño o 'lopivi', en la jerga de los expertos. La norma es una de las más avanzadas del mundo, según las plataformas de infancia. Pero ahora toca implementarla, una tarea "compleja", según admite la directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, Violeta Assiego, en declaraciones a El Periódico de Catalunya.
Parte de la complejidad deriva de que son las autonomías las que tienen muchas de las competencias. Por eso, el Ministerio de Derechos Sociales, del cual depende la dirección general de Infancia, puso en marcha en septiembre la conferencia sectorial con las comunidades que se encargará de desarrollar la ley. Este órgano aprobó el lunes la hoja de ruta que materializa y pone fecha a las principales obligaciones.
Coordinador antiagresiones
Ese calendario marca, por ejemplo, que los centros educativos cuenten con un coordinador antiagresiones, que se encargue de prevenir, detectar y denunciar las situaciones de acoso, abusos sexuales, violencia de genero, suicidio o autolesión que sufran los menores del centro (fuera y dentro de sus paredes), a partir del próximo curso.
Asimismo, marca que la conferencia debe elevar, en el segundo cuatrimestre de 2022, la Estrategia Nacional de Erradicación de la Violencia, que tendrá carácter plurianual y hará especial hincapié en prevenir el maltrato en los ámbitos familiar, educativo, de las nuevas tecnologías, el ocio y el deporte. La Estrategia irá acompañada de una memoria económica que identifique cómo financiarla y de una evaluación sobre su grado de cumplimiento, dado uno de los objetivos de la 'ley Rodhes', según Assiego, es que haya "rendición de cuentas". Previsión que no ha existido, por ejemplo, en la ley contra la violencia de género, lo que no ha permitido aplicar todos sus preceptos, por necesarios que sean.
Juzgados especializados
Por otro lado, Derechos Sociales ha puesto en marcha una comisión de seguimiento de la ley, junto con los ministerios de Interior y Justicia. Y es que la norma marca que "las fuerzas de seguridad, en todos sus niveles (estatal, autonómico, local), deben disponer de unidades especializadas en la violencia sobre personas menores" y que todos los agentes, de cualquier unidad, "reciban formación específica", dado que la agresiones en la infancia tienen una identidad propia y no siempre se asemejan a otros maltratos.
De hecho, la ley 'Rhodes' amplía el plazo de prescripción, en los casos de agresiones sexuales más graves, hasta que la víctima cumpla 50 años, dado que muchos agredidos no se atreven a denunciar hasta pasados muchos años. Antes de la aprobación de la ley, el plazo comenzaba a contar a partir de que la víctima cumpliera 18 años, lo que ha provocado el archivo de muchos procedimientos. Por ejemplo, en el 'caso Maristas', de los 13 profesores denunciados, solo uno fue a juicio y por cuatro de los 17 litigios.
En este contexto, la norma también contempla que Justicia presente en junio un proyecto para especializar los órganos judiciales y la fiscalía, a semejanza del juzgado especializado que funciona en Las Palmas de Gran Canaria desde principios de año. "La experiencia está siendo muy positiva y estamos trabajando para exportarlo", señala la directora general.
Casas de niños
También se prevé extender las casas de niños que siguen el modelo Barnahus, como la que ya existe en Tarragona. Se trata de espacios que ofrecen una atención integral, a través de un grupo disciplinar y coordinado, a los niños víctimas de maltrato y abusos sexuales, de forma que el menor cuente en un entorno amigable lo que le ha sucedido y no tenga que repetirlo una y otra vez, lo que provoca una doble victimización. Su relato dentro de las paredes de la Barnahus y a través de la prueba preconstituida sirve para policía y jueces.
Euskadi prevé abrir una casa de niños en Álava y Derechos Sociales está en contacto con el Consejo Europeo para buscar la forma de darle un impulso estatal. Y es que 2020 se presentaron 35.778 denuncias que tenían como víctima un menor. De ellas, 5.685 fueron por delitos contra la libertad sexual, unas 15 al día. Y, pese a lo preocupante de la cifra, según los expertos, estos datos son solo la punta del iceberg porque muchos menores no se atreven a verbalizar las agresiones.
Por último y también en cumplimiento de la 'lopivi', Derechos Sociales ha puesto en marcha el Consejo Estatal de Participación de la Infancia, que estará conformado por 34 niños y adolescentes que darán su opinión en las leyes que tengan que ver con sus derechos. Impulsando así que los menores den su opinión en los asuntos que les afectan.
