Más de seis millones de euros de dinero público. Es lo que se embolsaron, presuntamente, el aristócrata Luis Medina y el empresario Alberto Luceño vendiendo material sanitario de ínfima calidad y con el precio inflado al Ayuntamiento de Madrid durante lo peor de la pandemia. Este supuesto caso de corrupción se podría haber quedado en eso, otro caso más, si no se hubiera producido en una situación tan excepcional, cuando millones de personas fallecían a causa del coronavirus, medio mundo se encontraba confinado y centenares de asociaciones vecinales de toda España se organizaban para repartir comida y material sanitario a sus vecinos más desfavorecidos.
"Nosotros nos estábamos dejando la vida en esta crisis, dándolo todo sin esperar nada a cambio. Y mientras ves que el amigo del familiar del alcalde hace una llamada y se lleva lo que se lleva, es indignante", asegura a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.
Mientras estos empresarios celebraban el 'pelotazo de las mascarillas' y se gastaban, presuntamente, el dinero público en yates o coches de lujo, 76 iniciativas vecinales de Madrid se organizaban para repartir alimentos a más de 52.000 personas, 46.000 de ellas en la capital. Muchas además ofrecieron compañía a las personas mayores, apoyo escolar a los menores y trabajaron a destajo cosiendo mascarillas para sus vecinos sanitarios.
El 90% de ellas, sin ningún tipo de ayuda pública, funcionando con fondos propios y con la ayuda de sus voluntarios, la mayoría, mujeres y jóvenes que no habían participado nunca en estas iniciativas, según el informe "Solidaridad de proximidad, ayuda mutua y cuidados durante la Covid-19", del grupo cooperativo Tangente en colaboración con la Fravm.
"En cuestión de dos semanas las redes estaban organizadas y empezamos a tener una avalancha de llamadas de personas que no tenían colchón económico y que se encontraban sin poder comprar comida", dice Villalobos. Al principio, cuenta, todo se movió a pequeña escala: carteles en los portales de vecinas ofreciendo ayuda, mensajes de Whatsapp entre amigas diciendo que había que hacer algo...pero pronto se dio el siguiente paso. "Se pusieron en marcha despensas comunitarias y se comenzó a repartir comida", dice José Luis Fernández de Casadevante “Kois”, uno de los sociólogos artífices del informe, "también se comenzaron a distribuir aparatos informáticos para que los niños pudieran seguir las clases".
"Trabajamos durante 18 horas al día, continuamente, con el teléfono sonando, para organizar los grupos para recoger la comida y distribuirla, para repartir medicinas a los que no podían bajar a comprarlas. Si había una empresa que nos daba mascarillas íbamos a por ella, si había otra que nos daba naranjas, lo mismo. Así lo organizamos en medio de una actividad continua", recuerda Villalobos. La idea era dar una ayuda rápida a la gente en situación más precaria: "Ayudar al vecino que, por ejemplo, se dedicaba a descargar aviones en Barajas y de repente se había quedado con una mano delante y otra detrás".
La ayuda pública
Era gente que en ese momento no podía recurrir a los servicios sociales, colapsados por las solicitudes y la burocracia. "Venían familias sin ingresos, que en medio del confinamiento no podían salir a la calle ni a pedir limosna, que nos decían que en los servicios sociales les daban cita para dentro de 6 meses. En esos momentos no vale la burocracia, hay que atender".
En general, según la Fravm, estas asociaciones vecinales funcionaron sin subvenciones ni ayudas públicas, pero tampoco hubo una colaboración de los servicios sociales o las juntas municipales con ellas. "El Ayuntamiento nos ponía toda clase de problemas porque teníamos que movernos a por la comida o las medicinas. Pedimos salvoconductos, pero aún así nos pusieron multas. En general, la ayuda pública no fue ni suficiente ni la que esperábamos".
Aún así las redes vecinales consiguieron repartir recursos, medicinas, equipos informáticos y dar asistencia a quien lo necesitó durante el estado de alarma gracias, principalmente, a las mujeres y a los jóvenes. "El papel de las mujeres siempre es determinante en las dinámicas comunitarias porque se las vincula culturalmente al cuidado y las redes tienen mucho que ver con hacerse cargo de los otros, de los vulnerables. Pero lo de los jóvenes fue muy sorprendente. Era gente que nunca antes había participado y que se involucraron porque vieron que tenía sentido, que ayudaban al bien común", explica el sociólogo.
Falta de material sanitario
Poco después, además de la comida, comenzó a faltar el material sanitario. No había guantes, mascarillas, pantallas de protección, epis...Y las asociaciones vecinales también se pusieron manos a la obra con ello. "Se construyeron epis, el que sabía coser mascarillas, cosía; el que podía hacer algo, lo hacía", dice Fernández de Casadevante.
"Hubo un caso de unas personas que se dedicaban ala publicidad y, en cuestión de un día, modificaron la máquina de troqueles y empezaron a hacer pantallas faciales. Nos dieron unas 5.000, pero teníamos que montarlas, lo pedimos y la gente casi que se peleaba por hacerlo", asegura el presidente de la Fravm.
Todo ello, sin ánimo de lucro. "Y ahora estamos viendo como, mientras la gente se dejaba la vida en ayudar a sus vecinos, comisionistas se llevaban millones de euros", asegura el sociólogo visiblemente indignado, "con esos seis millones de euros se podrían haber hecho maravillas".
Indignación con los comisionistas
"Cuando llamaba un padre de familia, porque su hijo se había desmayado del hambre en el colegio y no tenía recursos, llamábamos a todas las familias que teníamos a nuestra disposición. Unas ponían cinco euros, otras cincuenta, pero al final conseguíamos llenar tres carros de comida para entregárselos. Todo eso lo hacíamos nosotros, con los compañeros de asociación. Imagina lo que podríamos haber hecho con 6 millones. Es indignante", asegura Villalobos. Y pone un ejemplo: se podrían haber abierto cocinas populares en los barrios para que a nadie le faltara de nada.
"Es bochornoso, una vergüenza", dice Fernández de Casadevante muy enfadado. "Mientras los vecinos dieron lo mejor de sí mismos, otros vieron la oportunidad para rapiñar, hacer negocio y lucrarse. La justicia tendría que expropiarles todos los bienes, pero además tendrían que hacer algún tipo de trabajo social. Para que miraran a los ojos a las familias sin recursos que, al final, son a los que han robado", concluye.
Ambos coinciden, además, en que el Ayuntamiento ha tenido una parte de responsabilidad. "Con todo el dinero que el Ayuntamiento ha malgastado al confundirse en esa gestión, se podría haber ayudado a mucha más gente", asegura el presidente de la Fravm. "Hay una responsabilidad de las instituciones. No hubo colaboración público-social, el Ayuntamiento no puso facilidades, ni recursos, ni locales, ni subvenciones...y mientras había caraduras que se estaban llevando millones", dice el sociólogo, "la gente estaba gestionando el dinero con primor, porque era el dinero de sus vecinos, y las instituciones deberían haber correspondido".
Pese a todo esto, ambos esperan que, al menos, se haya aprendido de la situación de pandemia. Creen que, ahora, las asociaciones están más organizadas, que la gente sabe a dónde acudir si necesita ayuda y que también está más dispuesta a ayudar en una situación excepcional, a crear redes de apoyo. De hecho, muchas de estas despensas solidarias se han mantenido en el tiempo y siguen a día de hoy. Y eso es fundamental porque, como dice Fernández de Casadevante, "estamos condenados a enfrentarnos a futuras crisis".
